Por Jonatan Azbat Carrillo
El desplazamiento forzado interno volvió a colocarse en el centro del debate público luego de que se diera a conocer información relacionada con el amparo que buscaba obligar al Gobierno Federal y al Congreso de la Unión a legislar y garantizar una atención integral a las vÃctimas de este fenómeno en México.
La diputada local del PRI, Paola Gárate Valenzuela, retomó el tema al señalar que miles de personas continúan enfrentando la falta de una legislación federal que reconozca plenamente sus derechos y establezca obligaciones claras para las autoridades encargadas de atender esta problemática.
La discusión cobra especial relevancia para Sinaloa, una de las entidades más afectadas por el desplazamiento forzado derivado de la violencia, particularmente en comunidades serranas donde familias enteras han tenido que abandonar sus hogares para proteger su vida e integridad.
Sinaloa, entre los estados más golpeados por la violencia y el desplazamiento
Aunque México aún carece de una Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, Sinaloa fue uno de los primeros estados en crear un marco legal propio para atender a las vÃctimas. En 2020, el Congreso local aprobó la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, con la que se creó un registro estatal, un fondo especial y programas de atención para las personas afectadas.
Sin embargo, organizaciones civiles y legisladores han advertido que los esfuerzos estatales resultan insuficientes ante la magnitud del problema y la falta de una polÃtica nacional coordinada.
Datos presentados por autoridades estatales indican que al menos 3 mil 46 familias desplazadas han sido identificadas en distintos municipios sinaloenses, principalmente en Choix, Guasave, Culiacán, Salvador Alvarado, Mazatlán y Concordia. No obstante, legisladores han reconocido que el número real podrÃa ser mayor debido a que muchas personas no se registran por temor o desconfianza hacia las instituciones.
Comunidades enteras han sido abandonadas
El desplazamiento forzado no es un fenómeno reciente en Sinaloa. Autoridades y especialistas han documentado casos desde hace más de una década en municipios como Badiraguato, Choix, Concordia, San Ignacio, Sinaloa municipio, Escuinapa, Rosario y Culiacán.
Durante los últimos años, la violencia ha provocado el abandono de comunidades completas, especialmente en zonas serranas. Incluso recientemente autoridades estatales reportaron que localidades de Culiacán quedaron prácticamente deshabitadas debido a los hechos de violencia registrados en la región.
Además de perder sus viviendas, las personas desplazadas enfrentan dificultades para acceder a servicios básicos, empleo, educación, atención médica y programas de vivienda, lo que agrava las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran.
La ausencia de una ley federal sigue siendo una deuda pendiente
Diversos organismos nacionales e internacionales han señalado que México mantiene una deuda histórica con las vÃctimas de desplazamiento forzado interno. Aunque existen iniciativas y propuestas legislativas desde hace varios años, el paÃs todavÃa no cuenta con una legislación general que establezca mecanismos obligatorios de prevención, atención, protección y reparación para las personas afectadas.
De acuerdo con estimaciones citadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la violencia y los conflictos han provocado el desplazamiento interno de cientos de miles de personas en México durante las últimas décadas.
En ese contexto, el debate impulsado nuevamente por legisladores y colectivos de vÃctimas busca que el desplazamiento forzado deje de ser atendido únicamente mediante esfuerzos estatales aislados y se convierta en una polÃtica nacional con recursos suficientes y garantÃas efectivas para quienes han sido obligados a abandonar sus hogares.
Para Sinaloa, donde miles de familias continúan viviendo las consecuencias de la violencia, la discusión no es únicamente jurÃdica. Se trata de la posibilidad de que las vÃctimas cuenten con mayores mecanismos de protección, acceso a vivienda, reparación del daño y condiciones seguras para reconstruir sus vidas.
