Vinculan a proceso al exdirector de Pemex. Una jueza de control determinó iniciar proceso penal contra Víctor N., exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), por el delito de violencia familiar, a pesar de que su esposa presentó un escrito otorgándole el perdón. La juzgadora explicó que este tipo de delitos se persiguen de oficio.
Jueza mantiene el proceso penal
Una jueza de control de Morelos vinculó a proceso a Víctor N., exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), por el presunto delito de violencia familiar en agravio de María Felicia Jiménez y de su hijo menor de edad.
Durante la audiencia celebrada este lunes, la impartidora de justicia Consuelo Correa determinó que existían elementos suficientes para iniciar el proceso penal por este delito.
En contraste, el delito de violencia vicaria fue desestimado por la autoridad judicial.
Esposa otorgó el perdón al exfuncionario
Durante la audiencia, la jueza informó que la presunta víctima presentó una carta, con fecha 10 de julio, entregada en la Oficialía de Partes de la Fiscalía General del Estado de Morelos, en la que otorgó el perdón al exfuncionario.
En el documento, María Felicia Jiménez manifestó su voluntad de no continuar con las carpetas de investigación iniciadas en contra de su esposo, argumentando que busca preservar la estabilidad y el bienestar de su familia.
El delito se persigue de oficio
Pese al perdón otorgado por la víctima, la jueza explicó que el delito de violencia familiar es de aquellos que se persiguen de oficio, por lo que el procedimiento penal continúa conforme a la ley.
En consecuencia, la autoridad resolvió mantener vigente el proceso judicial contra el exdirector de Pemex.
Próxima audiencia será en tres meses
Como parte de la resolución, la jueza fijó un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación complementaria y la celebración de la siguiente audiencia dentro del proceso penal.
Impacto
El caso vuelve a colocar en el debate la naturaleza de los delitos de violencia familiar en México, donde, aun cuando exista el perdón de la víctima, las autoridades pueden continuar con el proceso penal al tratarse de conductas que afectan el interés público y la protección de los derechos de las víctimas.
