La Fiscalía General de la República (FGR) acusó al exgobernador de Guerrero Ángel Heladio Aguirre Rivero de haber ordenado el ocultamiento y destrucción de evidencias relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
La fiscal general Ernestina Godoy Ramos afirmó que las investigaciones apuntan a que la desaparición de videograbaciones captadas aquella noche no habría sido producto de una falla técnica o un hecho aislado, sino de una presunta “operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del Poder Ejecutivo estatal”.
Las cámaras habrían grabado uno de los autobuses
De acuerdo con la FGR, las cámaras de seguridad 12 y 15 ubicadas en el exterior del Palacio de Justicia de Guerrero, en Iguala, habrían captado al autobús Estrella de Oro número 1531, en el que viajaba un grupo de normalistas.
Inicialmente, las autoridades sostuvieron que las imágenes no existían debido a presuntas fallas técnicas. Sin embargo, Godoy señaló que investigaciones posteriores determinaron que esa versión era falsa.
En enero de 2026, una persona colaboradora declaró que las videograbaciones sí existieron y señaló a la persona que presuntamente las sustrajo para entregarlas directamente al entonces gobernador.
Segundo testigo señala orden directa de Aguirre
Según la Fiscalía, un segundo testigo protegido declaró en mayo que Aguirre habría ordenado durante una reunión con funcionarios de alto nivel desaparecer cualquier evidencia relacionada con los acontecimientos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala.
La FGR aseguró contar con elementos que apuntan a que la instrucción fue emitida directamente por el entonces gobernador y que en su ejecución habrían participado servidores públicos estatales de alto nivel.
Obtienen orden de aprehensión
Con los elementos recabados, la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa solicitó y obtuvo de un juez una orden de aprehensión contra Ángel Aguirre Rivero por delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas.
Las acusaciones forman parte de las nuevas líneas de investigación sobre lo ocurrido con los 43 estudiantes desaparecidos hace casi 12 años.
