Ciudad de México.- La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno informó que 39 servidores públicos fueron sancionados por faltas administrativas graves y no graves detectadas en distintas dependencias federales, como parte de las acciones para combatir la corrupción y fortalecer la rendición de cuentas en el servicio público.
De acuerdo con la dependencia, 14 funcionarios recibieron sanciones por faltas graves relacionadas con desvío de recursos, abuso de funciones, cohecho y otras irregularidades que ocasionaron afectaciones al patrimonio público. Otros 25 empleados fueron amonestados por incumplimientos administrativos, omisiones en declaraciones patrimoniales y faltas menores.
Las sanciones incluyen inhabilitaciones de uno hasta 20 años para ocupar cargos públicos, destituciones, suspensiones temporales y multas económicas destinadas a reparar el daño causado al erario.
El caso más relevante corresponde a cuatro exfuncionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes fueron sancionados con una multa solidaria de mil 192 millones 500 mil pesos e inhabilitaciones de hasta 20 años por la adquisición e instalación de 82 mil optimizadores de tensión considerados innecesarios para el suministro eléctrico.
En el Servicio de Administración Tributaria (SAT), un funcionario recibió una suspensión de 90 días por la emisión extemporánea de un crédito fiscal por más de 205 millones de pesos en Quintana Roo.
Por su parte, en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dos servidores públicos fueron sancionados por obtener beneficios económicos indebidos relacionados con servicios institucionales y cobros irregulares.
También destaca el caso de un funcionario del Tecnológico Nacional de México en Culiacán, Sinaloa, quien fue inhabilitado por 10 años y sancionado económicamente tras detectarse un doble pago por plaza de estructura y honorarios durante 2021.
La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que continuará fortaleciendo los mecanismos de vigilancia y fiscalización para prevenir actos de corrupción y garantizar el uso adecuado de los recursos públicos.
