Hay periodistas extraordinarios que dignifican todos los días esta profesión. Mujeres y hombres que investigan, contrastan fuentes y publican aun enfrentándose a intereses poderosos. A ellos hay que protegerlos y valorarlos.
Pero también existen quienes han confundido periodismo con negocio personal y crítica con extorsión política o económica. A esos hay que exhibirlos con hechos.
Después de años en la vida pública he entendido que no podemos impedir que alguien mienta sobre nosotros. Lo que sí podemos decidir es cómo enfrentamos esa mentira. Es preferible hacerlo con resultados, documentos y la tranquilidad del deber cumplido y los argumentos de determinadas decisiones. Pero frente a quienes pretendan destruir reputaciones mediante falsedades también debemos decir que la libertad de expresión no puede convertirse en licencia para calumniar.
La mentira tiene consecuencias, lo más peligroso de las campañas de difamación es que encontraron en las redes sociales el ecosistema perfecto. Una mentira puede recorrer miles de teléfonos en cuestión de minutos. Una aclaración difícilmente tendrá la misma difusión.
Se publica una acusación escandalosa, se comparte cientos de veces y posteriormente, cuando resulta falsa, prácticamente nadie comparte la rectificación. Y mientras tanto existe una persona detrás afectada, una familia, hijos, padres, amigos, en fin, una trayectoria construida durante años que puede verse afectada por la mediocridad y mezquindad de esos “pseudo periodistas” alquilados al mejor postor.
Enfrentar estas campañas requiere fortaleza emocional y claridad sobre quién eres y qué has hecho, lo que termina blindándote. Quien permite que cada publicación malintencionada determine su estado de ánimo termina jugando exactamente el juego de quienes buscan desgastarlo y cobran por ello.
Este comentario viene debido a la iniciativa para regular los medios de comunicación frente a la calumnia y la infodemia en México presente en los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias. El objetivo oficial de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión es garantizar el derecho ciudadano a recibir información veraz y combatir las campañas de desinformación masiva. Ojalá avance y se regule también en otros cuerpos normativos, los ciudadanos tenemos todos derecho a la verdad y a defendernos de las mentiras con la proporcionalidad del daño pretendido o efectivamente causado.
Pienso que lo que necesitamos es fortalecer el derecho de réplica, la transparencia de la publicidad oficial, la identificación clara de contenidos patrocinados, la alfabetización mediática y los mecanismos institucionales para que las personas puedan defender su reputación cuando existan acusaciones falsas.
Ni el poder público debe silenciar periodistas, ni una credencial de prensa debe otorgar impunidad para destruir personas. La crítica debe ser siempre bienvenida.
Lo que no suena lógico, es porque suena metálico. Hay que ponerle nombre y responsabilidad, en estos tiempos de la “posverdad”, ha llegado el momento de regular esta falta de ética y el absurdo en el que extorsionadores disfrazados de seudoperiodistas se escudan en la l libertad de expresión para ejecutar su modus vivendi mediante la calumnia, las noticias falsas y todo tipo de intereses que socavan nuestra democracia.
Ojalá el debate siga y avance, sin temor a este grupo que ha hecho de las noticias falsas su fortuna.
