La Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA), integrada por 25 expresidentes y exjefes de Estado de Iberoamérica, calificó como una presunta persecución política el proceso penal que enfrenta el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por su presunta participación en una red de huachicol fiscal.
En un pronunciamiento, el organismo expresó su preocupación por lo que considera un deterioro del Estado de Derecho en México y cuestionó la reforma al Poder Judicial, así como la elección popular de jueces. Afirmó que el proceso contra Ruffo vulnera principios como el debido proceso y la presunción de inocencia.
“La situación de Ruffo Appel reúne características inequívocas de una persecución política instrumentada desde el poder”, sostuvo el Grupo IDEA.
Expresidentes respaldan a Ruffo
El documento fue firmado por 25 exmandatarios de Iberoamérica, entre ellos los expresidentes mexicanos Vicente Fox y Felipe Calderón, además de José María Aznar y Mariano Rajoy (España), Mauricio Macri (Argentina), Álvaro Uribe, Andrés Pastrana e Iván Duque (Colombia), entre otros.
Los firmantes advirtieron que el uso de las instituciones de justicia para perseguir a opositores representa un riesgo para la democracia y para las libertades políticas.
Morena rechaza las acusaciones
En respuesta, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, rechazó el pronunciamiento y sostuvo que el caso corresponde exclusivamente a las instituciones de justicia mexicanas.
La dirigente afirmó que varios integrantes del Grupo IDEA “carecen de autoridad moral” para emitir juicios sobre México y aseguró que la investigación contra Ruffo inició hace más de un año por presuntas operaciones relacionadas con el contrabando de hidrocarburos.
Morena recordó que el exgobernador fue vinculado a proceso por una jueza federal tras una audiencia de más de 24 horas y sostuvo que ha contado con todas las garantías del debido proceso y el derecho a una defensa legal.
Finalmente, el partido reiteró que México es un país soberano y que las decisiones en materia de procuración e impartición de justicia corresponden únicamente a las autoridades nacionales.
