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INAI y órganos estatales de transparencia duplican las sanciones por falta de transparencia

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y los órganos estatales de transparencia impusieron 3,843 sanciones por incumplimiento de las obligaciones de transparencia en 2022, lo que representó un incremento del 102% en comparación con 2020, según informó el Inegi.

De acuerdo con el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Estatal y Federal 2023 del Inegi, los municipios y alcaldías de la Ciudad de México fueron los más sancionados, seguidos por el Poder Ejecutivo federal.

El Inai impuso las siguientes sanciones: 1,552 amonestaciones públicas, 465 multas y 1,826 medidas de apremio, que incluyen la publicación en la página web del sujeto obligado infractor con un mensaje que indique su incumplimiento con la ley de transparencia.

Otras entidades sancionadas fueron instituciones de educación superior públicas autónomas con 16 medidas de apremio, autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral con seis, fideicomisos y fondos con seis sanciones del Inai, la Fiscalía General con cinco, el Poder Judicial con cuatro, y empresas productivas del Estado con solo una sanción por incumplir normas de transparencia.

El Inai ha estado funcionando sin dos comisionados durante más de dos años y se encarga de proponer sanciones, exigir transparencia en la información pública y garantizar el cumplimiento de leyes relacionadas con el acceso a la información y la protección de datos personales.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha criticado al Inai a lo largo de su gobierno, considerándolo parte de una “cúpula conservadora” debido a su defensa de los derechos individuales.

En febrero de 2024, se abrió una investigación contra el presidente por revelar datos personales de una periodista del diario The New York Times durante una conferencia matutina, mientras investigaba supuestos vínculos entre el crimen organizado y aliados del presidente.

“La investigación busca establecer si existen violaciones a principios y deberes establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados”, según un comunicado del Inai publicado el 22 de febrero de 2024 en relación con la información divulgada por López Obrador en su conferencia en Palacio Nacional.

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