Por Alejandro Castro
Hay un influencer en Baja California, venido a protector de la humanidad, que presume en redes sociales como levanta de las calles, y espacios públicos a personas en condición de calle, con problemas de adicciones o enfermedades mentales.
En México la salud mental es una materia abandonada, tanto por las instituciones de salud como por la ciudadanía. Le damos poca importancia a lo que no se ve, incluidos los padecimientos mentales. Si a lo anterior le sumamos la epidemia de uso de drogas fuertes y adictivas, sobre todo en la población joven, el panorama de la salud psicoemocional se complica en nuestro país.
A este panorama se suma la inconciencia de personajes como La Patrulla Espiritual que, sin el mayor recato, sin procedimientos claros y en contra de la voluntad de las personas, las levanta y las interna en un predio privado convertido en centro de rehabilitación.
El colmo de esta situación sucedió esta semana, cuando La Patrulla Espiritual secuestró en la vía pública a una persona, lo grabó y expuso en redes sociales, se burló y negó su identidad, su autopercepción y su solicitud de dejarle en libertad.
Desde que la subieron a la fuerza a la camioneta pidió, por favor, que la dejarán ir, lloró, se identificó como Chica Mala Oscura, pidió que no le tocarán, porque uno de los tripulantes de la camioneta le estaba agarrando, se burlaron.
Cuando llegó al centro de rehabilitación pedía irse, estaba aterrada, no entró por su voluntad, siempre pidió que la dejaran ir. Se burlaron de su ropa, de sus accesorios ¿Quién puede decidir sobre quien viste cómo? Pidió regresar con su mamá.
Le cortaron su cabello largo “como Benito Juarez” y le avisaron que pasaría de tres a seis meses en internación para su rehabilitación. ¿Hasta dónde podemos interferir en el proceso de rehabilitación de una persona? ¿Cuántas de estas intervenciones en contra de la voluntad son exitosas? ¿es legal recoger a alguien en la vía pública, en contra de su voluntad, para ofrecer ayuda? ¿es legal que internen a personas en un centro de rehabilitación escudando su causa en un mandato divino?
En Baja California es ilegal, desde 2022, la práctica de las terapias de conversión en la población LGBTIQ+, intentar forzar a una persona a vivir bajo los preceptos de una identidad binaria, negando su identidad se castiga con desde dos hasta seis años de prisión a la personas o personas que intenten influir o modificar la identidad sexo-genérica de una persona. Esta pena se duplica si la víctima es menor de edad, adulto mayor o sufre alguna discapacidad, que puede ser el caso de la persona que fue secuestrada por la Patrulla.
En ese mismo sentido, el artículo 164 del Código Penal del Estado de Baja California dicta de 20 a 40 años de prisión por el delito de secuestro y se puede agravar, según el artículo 165 del mismo Código, por las características y acciones que la Patrulla realizó: al ser organizado por dos o más personas, en la vía pública y en contra de una persona en vulnerabilidad. ¿seguiremos aplaudiendo a personajes de internet que cometen delitos en aras de la buena fe o por más views y reacciones?
No estamos debatiendo la urgencia de atención a los problemas de adicción por los que está atravesando el país, necesitamos una política pública que enfrente de lleno el uso de drogas pesadas y altamente adictivas que están diezmando la salud de nuestra juventud. No pongo en duda la necesidad de ofrecer ayuda profesional a los pacientes de salud psicoemocional. Aquí quiero separar el tema del género y el uso de la fuerza para intentar negar la identidad sexo-genérica en contra de la voluntad de las personas, con burlas, con agresiones, exhibiéndola en redes sociales y monetizando con los hechos.
Esperemos que la Fiscalía del estado de Baja California y la COEPRIS BC revisen y actúen en defensa de este caso y de los demás documentados y exhibidos en las redes oficiales de la Patrulla Espiritual.
Escríbanme, yo los leo sobre La patrulla espiritual y el secuestro de población LGBTIQ+.
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Alejandro Castro es originario de Mazatlán y parte de la generación millennial, estudió Turismo en la UdeO y más tarde una maestría en Ciencias Sociales en la UAS. Ha combinado la docencia universitaria con la investigación y la capacitación, además de desempeñarse en distintos espacios públicos: fue secretario técnico de la Junta de Coordinación Política en el Congreso de Sinaloa, secretario particular en la SEPyC y coordinador de proyectos estratégicos en su ciudad natal.
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