Un jurado investigador en Texas acusó formalmente este martes a más de 140 migrantes por cargos menores de disturbios públicos, tras un intento de ingreso masivo a través de la frontera entre Estados Unidos y México. La decisión se tomó un día después de que un juez desestimara los casos.
Durante el supuesto ingreso masivo del 12 de abril en El Paso, no se reportaron heridos. El incidente comenzó cuando un miembro del grupo cortó una barrera de alambre de púas, según las autoridades. Un evento similar en marzo en la misma ciudad fronteriza también llevó a numerosos arrestos.
El lunes, un juez del condado desestimó los cargos contra los detenidos, argumentando falta de causa probable. La abogada pública que representa a los migrantes afirmó que la evidencia era insuficiente y acusó a las autoridades de buscar atención mediática.
“Los ciudadanos de El Paso, a través del jurado investigador, básicamente desestimaron el fallo del juez y encontraron causa probable para creer que sí ocurrieron los disturbios”, afirmó el fiscal de distrito del condado de El Paso, Bill Hicks.
Kelli Childress-Diaz, abogada pública que representa a los 141 acusados, no se sorprendió con la decisión.
“Me imagino que ya lo tenían preparado incluso antes de que iniciara la audiencia de ayer”, señaló.
Las detenciones han destacado las acciones de Texas en la frontera, donde el gobernador republicano, Greg Abbott, ha tomado medidas agresivas para frenar los cruces ilegales. Tras los arrestos de marzo, Abbott envió 700 miembros adicionales de la Guardia Nacional a El Paso.
Hicks, designado por Abbott en 2022, mencionó que, aunque no es común que un jurado investigador presente acusaciones en delitos menores, consideró adecuado presentarles el caso. En total, según Hicks, más de 350 personas han sido detenidas por disturbios desde el mes pasado.
Si se les declara culpables, los acusados podrían enfrentar hasta 180 días de cárcel en una prisión del condado y una multa de hasta 2 mil dólares. Los detenidos aún enfrentan cargos federales, y Hicks señaló que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas podrían llevárselos de prisión para procesarlos por entrada ilegal al país.
“Me revuelve el estómago que estas personas no sean más que… ya saben… fichas políticas en una apuesta de algunos de nuestros funcionarios de gobierno”, dijo Childress-Diaz a The Associated Press.
