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Pleno da lectura a dictamen que permitirá donación de terreno de presa Santa María a Federación

El Pleno del Congreso del Estado de Sinaloa llevó a cabo la primera lectura de un Dictamen el jueves, que otorga autorización al titular del Poder Ejecutivo para enajenar, a nombre y representación del estado de Sinaloa, los terrenos donde se encuentra ubicada la presa Santa María, en el municipio de El Rosario, a favor del Gobierno Federal, mediante una donación gratuita.

Este dictamen faculta al gobernador Rubén Rocha Moya para realizar la enajenación a título de donación gratuita a favor del Gobierno Federal, a través del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), destinando una superficie de terreno de 2,438-98-71 hectáreas, expropiada a la comunidad de “Santa María y Anexos”, en el municipio mencionado, para la construcción de la presa Santa María.

Asimismo, se especifica que la Comisión Nacional del Agua utilizará esta superficie conforme a los objetivos establecidos en el Convenio de Coordinación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio de 2013, y su primer Convenio Modificatorio del 25 de julio de 2017, que involucran la construcción de la presa Santa María en El Rosario, Sinaloa.

Esta iniciativa garantiza el suministro de agua para consumo humano y actividades esenciales en la región, así como para riego y servicios urbanos en los municipios de El Rosario y Escuinapa. La presa Santa María, junto con sus obras adicionales, tendrá una capacidad de almacenamiento de 980 millones de metros cúbicos de agua, permitiendo la incorporación de más de 24,000 hectáreas al riego y beneficiando a 429,600 habitantes de los municipios del sur de la entidad. Además, se espera que genere 231.3 gwh/año de energía eléctrica.

Por último, la Comisión de Hacienda Pública y Administración, encargada de redactar el dictamen, destaca el derecho de la nación para imponer modalidades en la propiedad privada en función del interés público y regular el aprovechamiento de recursos naturales para una distribución equitativa de la riqueza pública y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana.

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