Por Rita Tirado Lopez
Hay días en que una noticia no solamente se lee: se siente en el cuerpo. Rubén Rocha Moya regresó a la gubernatura de Sinaloa después de 112 días de licencia. Lo hizo por decisión propia, según ha declarado, mientras Morena y la Secretaría de Gobernación se deslindaron públicamente de la decisión. Y en menos de 48 horas vuelve a meter licencia por más de 30 días al Congreso del Estado. Pero su regreso y pronto retiro no puede entenderse como un acontecimiento aislado.
Para quienes vivimos en Sinaloa, hay una fecha que todavía atraviesa buena parte de lo que ocurre actualmente: el 25 de julio de 2024. Ese día Ismael “El Mayo” Zambada fue llevado a Estados Unidos y detenido junto con Joaquín Guzmán López. Ese mismo día fue asesinado Héctor Melesio Cuén Ojeda y comenzaron a circular versiones contradictorias sobre una reunión en la que ambos habrían estado presentes. Ese mismo día, Rubén Rocha Moya salió de Sinaloa rumbo a California en un avión privado del empresario Jesús Vizcarra. Desde entonces, nuestra historia reciente quedó atravesada por una pregunta que todavía no tiene una respuesta definitiva: ¿qué ocurrió realmente aquel 25 de julio?
De acuerdo con la declaración que posteriormente hizo pública Ismael Zambada a través de su abogado, aquel día habría acudido a una reunión en el rancho Huertos del Pedregal, en las inmediaciones de Culiacán, donde esperaba encontrarse con Héctor Melesio Cuén, Rubén Rocha Moya y Joaquín Guzmán López. Rocha, por su parte, ha sostenido que su viaje a California era personal y que no tenía relación con aquellos acontecimientos (El país, 2024).
La primera versión de la Fiscalía de Sinaloa sobre el asesinato de Cuén sostenía que había sido atacado durante un intento de robo de su camioneta. Posteriormente, la Fiscalía General de la República cuestionó esa versión y señaló inconsistencias en la investigación estatal (Debate, 2025). A dos años de distancia, la FGR mantiene abiertas investigaciones relacionadas con el homicidio de Cuén, el presunto secuestro de Zambada, la desaparición de personas vinculadas con su seguridad y posibles delitos contra la procuración de justicia. También ha solicitado información al gobierno estadounidense mediante mecanismos de asistencia jurídica internacional. Pero, todavía no sabemos toda la verdad y eso debería indignarnos más que cualquier disputa partidista.
Porque mientras Rocha regresa y se va con Morena dándole la espalda, la FGR mantiene abiertas las investigaciones y las consecuencias de aquel día las vivimos todos los días en Sinaloa. Después de la captura de “El Mayo” vino la ruptura abierta entre las facciones del Cártel de Sinaloa. Llegaron los asesinatos, las desapariciones, los desplazamientos, los bloqueos carreteros, los cierres de negocios, la suspensión de actividades y la militarización de nuestro territorio. Para quienes vivimos aquí, esta guerra no ocurrió dentro de un cártel, ocurrió dentro de nuestras calles, nuestras comunidades y nuestras vidas.
Durante estos dos años, la violencia ha transformado incluso las decisiones más cotidianas: por dónde circular, a qué hora salir, si es posible viajar, si una carretera continúa transitable, si una comunidad puede recibir ayuda o si una familia puede permanecer en su casa. Y esto último me parece particularmente importante, porque cuando hablamos de violencia solemos contar muertos pero también tenemos que hablar de quienes permanecen vivos y cuya vida fue completamente transformada por ella. De quienes dejaron sus comunidades, quienes perdieron sus negocios o quienes siguen habitando territorios donde la presencia del Estado aparece fundamentalmente en forma de fuerzas de seguridad.
Sinaloa no es un tablero de ajedrez donde los únicos movimientos importantes son los de quienes concentran poder político, económico o criminal. Y aunque la discusión pública alrededor de Sinaloa suele reducirse a nombres: El Mayo, Los Chapitos, La Mayiza, Rocha, Estados Unidos, Morena. Detrás de todos esos nombres existe un territorio y dentro de ese territorio hay personas.
Pero para entender lo que pasó ese 25 de julio y lo que sucede hoy en Sinaloa no basta con mirar a Culiacán, esta disputa trasciende las fronteras. Coincido con Juan Astillero al pensar que Sinaloa no puede entenderse fuera de la relación México–Estados Unidos. La captura de El Mayo no solamente alteró el equilibrio interno del Cártel de Sinaloa, también alteró la relación política entre México y Estados Unidos. Washington tiene un interés evidente en el tráfico de drogas hacia su territorio, pero sería ingenuo pensar que la relación entre ambos países se reduce a una cooperación técnica contra el narcotráfico.
Estados Unidos tiene intereses económicos, políticos, militares y geopolíticos en México. Y México mantiene con su principal socio comercial una relación profundamente asimétrica. Por eso debemos mirar con cuidado las acusaciones que desde Washington se hacen contra funcionarios mexicanos y, al mismo tiempo, evitar que denunciar el intervencionismo estadounidense se convierta en una forma de proteger a políticos mexicanos frente a la rendición de cuentas. Ambas cosas pueden ser ciertas.
México tiene la obligación de investigar a sus propios funcionarios. Si un funcionario cometió delitos, que se investigue y se juzgue con pruebas. Y a la vez, si una operación estadounidense involucró territorio, ciudadanos o instituciones mexicanas, también debe existir rendición de cuentas. Lo que no podemos aceptar es que la soberanía se utilice como escudo para la impunidad ni que la lucha contra el crimen organizado se convierta en una puerta de entrada para que Washington decida quién puede gobernar México, ya hay indicios de que están reclutando a Harfuch, por ejemplo.
Pero lo que no podemos perder de vista es que Estados Unidos es una potencia imperialista, con una larga historia de intervencionismo político, económico y militar en América Latina. Mientras ocurre todo esto, también impulsan una campaña narrativa que equipara cada vez más las categorías de “narcotraficante” y “terrorista”. El propio Departamento de Justicia estadounidense ha utilizado el término “narcoterroristas” en sus alegatos y Estados Unidos ha designado a varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. No creo que podamos mirar esto como un simple cambio de vocabulario.
Las palabras importan porque también producen marcos para interpretar la realidad y, eventualmente, para justificar determinadas formas de intervención. Por eso tenemos que ser especialmente cuidadosxs con las categorías que adoptamos desde las izquierdas, términos como “Narcoestado” o “Narcopolíticos” benefician más a las derechas de lo que imaginamos. Es por eso que debemos permanecer alertas,porque una vez ganado el relato oficial, la historia la escriben ellos.
No necesitamos defender a Rocha para oponernos al intervencionismo estadounidense, tampoco necesitamos negar la existencia del crimen organizado para cuestionar la forma en que se construyen las narrativas alrededor de él. Podemos sostener varias preguntas al mismo tiempo. Quizá después de todo esto alguien podría preguntarse: ¿y entonces qué hacemos frente a esto? El día que Rocha regresó ví surgir llamados a organizar protestas contra su regreso, pero más que seguir organizándonos reaccionariamente a las posibles jugadas de las derechas, lo que desde las izquierdas debemos hacer es: no olvidar, y, sobre todo, no permitir que quienes tienen el poder de producir las versiones oficiales sean también quienes tengan el poder de decidir qué debemos recordar.
Hay una tentación muy grande, especialmente en momentos como este, de tomar partido inmediatamente por una versión. Pero lo único que podemos hacer por el momento es esperar, observar y siempre cuestionar: ¿Qué ocurrió realmente el 25 de julio de 2024? ¿Qué sabía el gobierno de Sinaloa? ¿Qué sabía el gobierno federal? ¿Qué sabía Estados Unidos? ¿Qué información ha entregado Estados Unidos a México y cuál sigue pendiente? ¿Qué responsabilidad tienen las autoridades mexicanas? ¿Qué intereses políticos y geopolíticos están alrededor de estas investigaciones? Y sobre todo ¿qué lugar ocupamos quienes vivimos en Sinaloa dentro de todo esto?
Porque mientras gobiernos, partidos, organizaciones criminales y potencias extranjeras disputan los poderes, hay algo que no debería perderse de vista: Sinaloa no es una abstracción geopolítica, somos un territorio vivo, somos comunidades, somos familias, somos quienes seguimos aquí y también somos quienes hemos tenido que irnos.
Solo nos quedan algunas certezas: El 21 de agosto de 2026, Rubén Rocha Moya regresó a la gubernatura de Sinaloa después de 112 días de licencia sin ningún respaldo institucional, al día siguiente presentó su carta al Congreso del Estado pidiendo licencia temporal por más de 30 días nuevamente.
Dos días antes, la FGR detuvo a Fausto Corrales, una persona considerada relevante para la investigación sobre el asesinato de Héctor Cuén y el presunto secuestro de Ismael Zambada. No sabemos todavía cómo se conectan políticamente estos acontecimientos.Y precisamente por eso tenemos que observar y no olvidar que, detrás de las disputas entre gobiernos, partidos, organizaciones criminales y potencias extranjeras, hay un territorio habitado por personas que tenemos derecho a la verdad y a la justicia.
Y quizá esa sea, por ahora, la pregunta más importante que podemos hacernos desde la periferia: ¿qué pasa realmente en Sinaloa y quién necesita que no sepamos la respuesta?
+++
Rita Tirado Lopez (Elle, ella, él). Sociólogue y defensore de DDHH en Sinaloa; escribe desde la periferia sobre violencia, comunidad y resistencias.
Desde los márgenes también se piensa el mundo.
+++
Aviso de responsabilidad:
Las opiniones expresadas en esta columna son exclusiva responsabilidad de quien las firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de este medio.
Síguenos en nuestras redes sociales:
https://www.facebook.com/MesaReservadaMX
https://www.instagram.com/mesareservada.mx
