La sanción a funcionarios por faltas administrativas volvió a colocarse en el centro de la agenda pública luego de que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que 13 personas servidoras públicas de nueve dependencias federales recibieron suspensiones, inhabilitaciones y amonestaciones tras detectarse diversas irregularidades en el desempeño de sus funciones.
Las resoluciones fueron emitidas con base en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y derivan de investigaciones realizadas por las Unidades de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como por los Órganos Internos de Control de distintas instituciones del Gobierno federal.
¿Qué dependencias fueron alcanzadas por la sanción a funcionarios?
Las medidas disciplinarias fueron aplicadas a servidores públicos adscritos a nueve instituciones del Gobierno de México:
- Petróleos Mexicanos (Pemex).
- Comisión Federal de Electricidad (CFE).
- Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
- Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).
- Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (SNDIF).
- Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
- Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP).
- Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo (ASIPONA Manzanillo).
- Secretaría de Salud.
La Secretaría Anticorrupción explicó que todas las resoluciones corresponden a faltas administrativas no graves y fueron determinadas tras concluir los procedimientos de investigación y análisis de cada expediente.
Estas fueron las sanciones impuestas
En Petróleos Mexicanos fueron suspendidas durante 30 días dos trabajadoras del Departamento de Personal Salina Cruz Marina-Pacífico por no atender oportunamente el pago de prestaciones laborales post mortem de un trabajador entre los años 2022 y 2025.
En la Comisión Federal de Electricidad se impuso una suspensión de 15 días a un servidor público de la División Oriente por registrar solicitudes de contratación del servicio de suministro eléctrico sin contar con las facultades correspondientes durante 2024.
El Instituto Mexicano del Seguro Social aplicó una inhabilitación por tres meses a un médico del Hospital General Regional No. 1 de Querétaro, luego de determinar que omitió realizar un diagnóstico y tratamiento adecuados a un paciente cuyo estado de salud se deterioró hasta provocar su fallecimiento.
En la Secretaría de la Defensa Nacional se emitió una amonestación privada contra un integrante del 98 Batallón de Infantería, en Oaxaca, por integrar de forma incorrecta un expediente clínico durante 2023.
Por su parte, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias suspendió por 15 días a una trabajadora del Centro de Asistencia Social para la Segunda Infancia, en la Ciudad de México, tras acreditarse un caso de maltrato a un menor ocurrido en 2025.
La Agencia Nacional de Aduanas de México también impuso suspensiones de 15 días a tres funcionarios adscritos a la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por omitir la revisión completa del equipaje de pasajeros internacionales.
En el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado fueron suspendidos dos servidores públicos por un periodo de 15 días al suscribir un convenio modificatorio que excedía el porcentaje permitido en un contrato de telefonía celebrado durante 2023.
Mientras tanto, en la Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo se aplicaron dos suspensiones, de 10 y 12 días, por omisiones relacionadas con adecuaciones presupuestarias para obras de infraestructura en el estado de Colima.
Finalmente, una servidora pública del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, perteneciente a la Secretaría de Salud, recibió una amonestación pública por proporcionar documentación que contenía información confidencial.
Funcionarios podrán impugnar las resoluciones
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que todas las sanciones fueron determinadas con base en criterios de proporcionalidad y gravedad de las conductas, conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Asimismo, recordó que las personas sancionadas tienen derecho a impugnar las resoluciones mediante los mecanismos legales correspondientes. En caso de que alguno de los procedimientos sea recurrido, la dependencia aseguró que defenderá las determinaciones con las pruebas recabadas durante las investigaciones y conforme al marco jurídico vigente.
Finalmente, la Secretaría reiteró su compromiso con el combate a la corrupción, el fortalecimiento de la integridad en el servicio público y la promoción de una administración sustentada en la legalidad y la transparencia. Además, invitó a la ciudadanía a denunciar posibles actos irregulares a través de la plataforma oficial habilitada para ese propósito.
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