Ciudad de México.– El Senado de la República citó a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y al fiscal estatal, César Jáuregui, para que expliquen la participación de agentes estadounidenses en un operativo contra el narcotráfico en el que murieron dos funcionarios de la embajada de Estados Unidos.
La reunión de trabajo fue programada para el próximo martes y busca esclarecer si se violaron disposiciones legales relacionadas con la presencia de personal extranjero en territorio nacional.
Posible afectación a la soberanía
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, advirtió que los hechos podrían implicar una afectación grave a la soberanía nacional.
Señaló que el operativo se habría realizado sin notificar al gobierno federal ni establecer coordinación institucional, como lo exige la ley.
Por ello, el Senado solicitó un informe detallado con cronología de los hechos, participantes y comunicaciones, conforme a la Ley de Seguridad Nacional.
Debate y confrontación
El punto de acuerdo, impulsado por el senador Juan Carlos Loera, fue aprobado en comisión y en el pleno, pero generó un fuerte choque político.
Desde el PAN, el coordinador Ricardo Anaya calificó la medida como un intento de “sentar en el banquillo de los acusados” a la gobernadora y exigió que también se cite a otros mandatarios estatales.
En contraste, legisladores de Morena defendieron la facultad del Senado para intervenir en casos que involucren seguridad nacional y presencia de agentes extranjeros.
Señalamientos cruzados
Durante el debate, el senador Gerardo Fernández Noroña aseguró que la participación de agentes de la CIA en el operativo fue reconocida por autoridades locales, y criticó al PAN por respaldar ese tipo de acciones.
Por su parte, el senador Javier Corral acusó al gobierno de Chihuahua de mantener una relación constante con agencias extranjeras sin transparencia.
Mecanismo de control político
El Senado aclaró que la comparecencia no implica sanciones ni prejuzga responsabilidades penales.
Sin embargo, representa la activación de un mecanismo de control político ante hechos que podrían tener implicaciones constitucionales.
