Exfuncionaria rompe el silencio tras su destitución y señala decisión política
Tras ser removida como titular de la Unidad Técnica de Evaluación del Congreso de Sinaloa, Silvia Alejandra Pineda Prado ofreció un posicionamiento público en el que, visiblemente afectada, denunció que su salida no obedeció a una evaluación técnica, sino a una decisión política.
Entre lágrimas, aseguró que nunca se le brindó una verdadera oportunidad de defender su trabajo, pese a que —según dijo— presentó pruebas para desmentir los señalamientos de ineficiencia.
“No me dieron oportunidad”, expresó, al señalar que el proceso en su contra estuvo marcado por presiones y acuerdos previos dentro del Congreso.
Denuncia presiones para renunciar y cuestiona argumentos de “ineficiencia”
Pineda Prado reveló que desde meses atrás fue presionada para presentar su renuncia de manera voluntaria, incluso bajo la promesa de conservar su salario.
Sin embargo, rechazó esa opción al asegurar que su trayectoria profesional y ética no estaban en duda.
“Yo no iba a cambiar mi trabajo, mi ética, mi honorabilidad. Mi trayectoria no está en tela de juicio”, sostuvo.
Asimismo, cuestionó el argumento central del dictamen aprobado por el Congreso, al afirmar que nunca existió una evaluación real sobre su desempeño ni un procedimiento administrativo formal en su contra.
Acusa violencia política y advierte retroceso en la rendición de cuentas
La exfuncionaria fue más allá y calificó su remoción como un caso de abuso de poder y violencia política, advirtiendo que su situación refleja lo que enfrentan muchas mujeres en el servicio público.
“Imagínense cuántas mujeres están siendo víctimas de abuso de poder y no tienen acceso a estos espacios”, señaló.
Además, alertó que la decisión podría representar un retroceso en materia de fiscalización y transparencia, al debilitar los mecanismos de vigilancia dentro del Congreso.
Señala intereses tras su salida: “A nadie le gusta que lo revisen”
Uno de los señalamientos más delicados fue su afirmación de que su remoción está relacionada con su labor de supervisión.
Pineda Prado aseguró que su trabajo implicaba revisar áreas sensibles, lo que habría generado incomodidad entre actores políticos.
“A nadie le gusta que lo revisen”, dijo, al insinuar que su salida responde a intereses que buscan evitar procesos de fiscalización más estrictos.
Incluso, afirmó que se le señaló directamente que su remoción estaba vinculada a intentos por revisar obras y acciones específicas dentro de la administración pública.
Cuestiona intención de desaparecer la Unidad Técnica de Evaluación
Sobre la posible desaparición de la Unidad Técnica de Evaluación, consideró que esto podría abrir la puerta a la falta de supervisión en áreas clave.
Explicó que este órgano tiene facultades específicas que no son cubiertas por otras instancias, particularmente en la revisión de ciertos recursos que no son auditados por otras autoridades.
“Desaparecerla significa dejar de auditar a la propia auditoría”, advirtió.
Analiza acciones legales y asegura que “esto apenas comienza”
Pineda Prado adelantó que analiza las vías legales para impugnar su remoción, al considerar que el proceso careció de sustento jurídico adecuado.
Confió en que existen mecanismos para revertir la decisión o, al menos, evidenciar las irregularidades del procedimiento.
“Esto es el inicio de algo más grande”, afirmó, al asegurar que continuará su labor desde otros espacios.
Caso exhibe tensiones internas y abre debate sobre el uso del poder
El caso de Silvia Pineda no solo ha generado polémica por su remoción, sino que también ha puesto en el centro del debate el uso del poder dentro del Congreso de Sinaloa.
Mientras la versión oficial habla de ineficiencia y reestructura institucional, su testimonio plantea un escenario de presiones, decisiones políticas y posibles afectaciones a la transparencia.
La controversia continúa y podría escalar a instancias legales en los próximos días.
