Los gobernadores de los 32 estados de la República, incluidos los de la “4T” y los de la oposición, solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que no elimine la prisión preventiva oficiosa, argumentando los riesgos que esto conlleva.
Los gobernadores explicaron que eliminar la prisión preventiva oficiosa podría llevar a un colapso en los tribunales federales, ya que se verían obligados a revisar todas las solicitudes de cambios en las medidas cautelares.
En un Amicus Curie dirigido a la SCJN, los miembros de la Conferencia Nacional de Gobernadores coincidieron en que eliminar esta medida cautelar tendría un “grave impacto” en la seguridad nacional.
Señalaron que la eliminación de la prisión preventiva oficiosa afectaría a quienes enfrentan cargos por delitos de alto impacto y repercusión social, que en su momento fueron considerados graves.
Los gobernadores defendieron que la prisión preventiva oficiosa es parte de una política nacional de combate al crimen, permitiendo un adecuado proceso penal, protegiendo a las víctimas y combatiendo la impunidad.
Instaron a la SCJN a considerar su posición, ya que la decisión afectará la seguridad y gobernabilidad del país, lo que repercutiría en las entidades federativas.
Solicitaron a la ministra presidenta, Norma Piña, mantener la “supremacía constitucional” frente a cualquier norma internacional, ya que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró “inconvencional” esta medida cautelar.
El 16 de abril, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, advirtió a la SCJN sobre los riesgos de eliminar la prisión preventiva oficiosa. En una carta a Norma Piña, expuso las razones por las que el proyecto para eliminar esta medida cautelar representa riesgos para la seguridad de México.
Según el documento, la aprobación del proyecto relativo al Expediente sobre Recepción de Sentencias de Tribunales Internacionales 3/23, próximo a discusión, podría afectar a casi 68 mil personas actualmente encarceladas.
