Por Jonatan Azbat Carrillo
El comunicado de la Jucopo intenta instalar una narrativa peligrosa: la de que la protesta de las y los jubilados de la UAS fue un acto de “violencia”. Nada más alejado de la realidad. Las personas que dedicaron su vida a la educación pública llegaron al Congreso con una exigencia clara y legítima, pero se toparon con lo mismo de siempre: no fueron escuchadas y, además, se les intentaron imponer condiciones que no estaban dispuestas a aceptar porque no resolvían el fondo de sus demandas.
Y cuando una institución cierra el diálogo, lo único que queda es abrir la puerta que ellos mismos cerraron. Eso fue exactamente lo que hicieron: abrir un acceso que les fue bloqueado para poder continuar su protesta y visibilizar su causa. No fue un acto de violencia; fue un acto de dignidad ante el silencio institucional.
Mientras tanto, el comunicado se enfoca en describir la protesta con palabras diseñadas para deslegitimarla: “irrupción”, “riesgo”, “daños”. Un lenguaje cargado de estigma que busca convertir la molestia de los trabajadores en una amenaza, cuando el verdadero problema es la falta de voluntad política para enfrentar las demandas que el Congreso ha evadido sistemáticamente.
El contraste es evidente: desde ese mismo Congreso se han aprobado leyes y decisiones que favorecen a la UAS y a su rector sin cuestionamientos, sin comunicados indignados y sin advertencias de “riesgos”. Cuando se trata de proteger estructuras de poder universitario, el diálogo fluye; cuando se trata de escuchar a los jubilados, aparece la rigidez, las condiciones y la narrativa de la “violencia”.
Más decepcionante aún es la postura de algunos diputados que antes presumían su activismo, su cercanía con las luchas sociales y su compromiso con la gente. Hoy replican exactamente aquello que tanto criticaban: minimizar la protesta, desvalorizar la inconformidad y colocarse del lado del poder que alguna vez señalaron.
¿Dónde quedaron esas historias de lucha que contaban en campaña?
¿Dónde quedó el compromiso con el pueblo?
Criminalizar la protesta no resuelve nada. Solo expone la falta de sensibilidad y congruencia de un Congreso que prefiere etiquetar antes que escuchar. Las y los jubilados no son una amenaza: son trabajadores que ya dieron todo y ahora exigen lo justo.
Decir no a la criminalización de los jubilados de la UAS es decir sí a la justicia, al diálogo real y a una política que no tema escuchar a quienes la sostienen.
El Congreso debe estar del lado de la gente, no del lado de la narrativa que se inventa para desacreditarla.
+++
Aviso de responsabilidad:
Las opiniones expresadas en esta columna son exclusiva responsabilidad de quien las firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de este medio.
