El expediente más incómodo de la era Peña Nieto volvió a respirar… y no a favor de Emilio Lozoya. Un Tribunal Federal le negó el amparo con el que el exdirector de Pemex llevaba más de dos años frenando su pase al banquillo por el caso Agronitrogenados. La instrucción es clara: se acabó la pausa, que siga el juicio por lavado de dinero.
El Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal confirmó que no hay razón para detener el proceso. Lozoya deberá enfrentar la etapa intermedia de la causa penal 211/2019, esa que su defensa había logrado esquivar con el argumento de que ya existía un acuerdo reparatorio (el firmado por Alonso Ancira).
Defensa de Lozoya alegaba beneficio por acuerdo de Ancira
La defensa del exdirector de Pemex sostenía que Lozoya debía beneficiarse del acuerdo reparatorio firmado en abril de 2021 entre Alonso Ancira —dueño de Altos Hornos de México (AHMSA)— y Pemex, mediante el cual Ancira se comprometió a pagar más de 216 millones de dólaresa cambio de detener su propio proceso penal.
Argumentaron que, al tratarse del mismo hecho delictivo, el acuerdo debía extinguir la acción penal para todos los involucrados bajo el principio de solidaridad en la reparación del daño.
Sin embargo, el Tribunal rechazó ese planteamiento y estableció que los acuerdos reparatorios son personales y únicamente aplican a quien los firma. Además, se precisó que el daño patrimonial no ha sido reparado en su totalidad, ya que Ancira únicamente realizó pagos aproximados por 110 millones de dólares.
Tribunal confirma reanudación del proceso
El magistrado instructor, Ezequiel Altamirano Roches, subrayó que no existe disposición legal que permita extender los efectos de un acuerdo reparatorio a coimputados que no lo suscribieron.
Con ello, quedó firme la resolución del 25 de marzo de 2024, que ordena reactivar el proceso penal contra Lozoya. El juez de distrito del Sistema Penal Acusatorio en el Reclusorio Norte deberá realizar la audiencia intermedia correspondiente.
El Tribunal advirtió que suspender el proceso sin que el acusado firme un acuerdo propio dejaría en estado de indefensión a las víctimas, un aspecto relevante al considerar el derecho y la aplicación de los recursos para su atención, en este caso Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
El capítulo de la mansión de 51 millones
Por otro lado, el 5 de diciembre se dio a conocer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó atraer el caso relacionado con el decomiso de una residencia propiedad de Lozoya, ubicada en Lomas de Bezares y valuada en más de 51 millones de pesos, presuntamente adquirida con recursos vinculados al delito de lavado de dinero.
La Corte, con ocho votos contra uno, determinó no ejercer la facultad de atracción solicitada en el expediente 842/2025, por lo que será un Tribunal Colegiado el que decida si la propiedad puede ser o no asegurada de manera definitiva.
¿Y ahora qué?
Con el amparo negado, el decomiso en ruta y la audiencia intermedia en puerta, Lozoya vuelve a donde no quería estar: en el centro del proceso penal que marcó el sexenio pasado.
El caso Agronitrogenados —la compra de una planta chatarra por 275 millones de dólares— se mantiene como una de las heridas abiertas de la corrupción estructural en Pemex. Y el mensaje judicial es evidente: no hay escudo automático, ni por cercanía al poder ni por acuerdos que otros firmaron.
La historia continúa… y esta vez sin pausas.
