Luego de perder en todas las instancias judiciales nacionales los litigios que mantenía por adeudos fiscales acumulados desde hace casi dos décadas, Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para presentarse como víctima de persecución política por parte del Estado mexicano.
El empresario realizó una visita a la sede de la OEA en Washington, donde sostuvo encuentros con representantes del sistema interamericano y difundió mensajes en los que aseguró ser objeto de “acoso” desde las conferencias presidenciales, particularmente por los señalamientos públicos sobre evasión y adeudos fiscales de sus empresas.
De los tribunales nacionales a la arena internacional
El conflicto no es nuevo. Durante casi veinte años, empresas del grupo —entre ellas Elektra y TV Azteca— mantuvieron litigios contra el fisco por contribuciones no pagadas. Tras resoluciones desfavorables en primera y segunda instancia, los casos llegaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que decidió no conceder amparos y permitió al Estado proceder al cobro de más de 70 mil millones de pesos, conforme a lo determinado por las autoridades fiscales.
Derrotado en el ámbito judicial interno, Salinas Pliego cumplió lo que había anunciado: internacionalizar el conflicto, argumentando que el cobro de impuestos responde no a una obligación legal, sino a una represalia política por sus críticas al gobierno.
¿Libertad de expresión o resistencia al pago de impuestos?
En comunicados públicos, el grupo empresarial sostiene que existe un “uso político del aparato fiscal” y que se han vulnerado derechos como la libertad de expresión y la propiedad privada. Sin embargo, el punto central omitido en su narrativa es que los tribunales ya resolvieron el fondo del asunto: las contribuciones son legales, exigibles y corresponden a ejercicios fiscales de sexenios anteriores.
El intento de convertir un adeudo fiscal firme en un caso de persecución política abre un debate más amplio sobre el uso del discurso de derechos humanos por parte del poder económico cuando las reglas del juego dejan de favorecerlo.
Justicia fiscal y desigualdad
Mientras millones de trabajadores y pequeños contribuyentes no tienen margen para litigar durante décadas, grandes corporaciones pueden retrasar el cumplimiento de sus obligaciones y, al perder, trasladar la disputa a foros internacionales. La asimetría es evidente: el Estado persigue impuestos impagos, no opiniones políticas.
El caso de Salinas Pliego no solo es un litigio individual, sino un símbolo de una discusión de fondo:
