Por Jonatan Azbat Carrillo
La discusión reciente en Jalisco sobre el reconocimiento de la identidad de género de niñas, niños y adolescentes no es un hecho aislado. Refleja una resistencia más amplia del Estado mexicano a reconocer que las infancias trans existen y que su identidad no es una etapa, una confusión ni un capricho. Guadalajara, una ciudad que suele asumirse como progresista, vuelve a exhibir la distancia entre el discurso de inclusión y las decisiones políticas cuando se trata de garantizar derechos básicos.
En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que negar el reconocimiento de la identidad de género por razón de edad es discriminatorio y contrario al interés superior de la niñez. Aun así, los congresos locales continúan posponiendo este derecho bajo el argumento de la “madurez”, como si la identidad necesitara autorización legislativa para existir. Esta negación no es menor: sin reconocimiento legal, las infancias trans enfrentan barreras en la escuela, en los servicios de salud y en su vida cotidiana, donde su nombre y su identidad son constantemente cuestionados.
Es desde esta negación de la identidad que también se entiende el rechazo o la sospecha hacia los bloqueadores hormonales. Estos tratamientos no buscan definir quién es una persona trans, porque la identidad no se prescribe ni se diagnostica. Su función es otra: acompañar a adolescentes cuya identidad ya es clara para elles, reduciendo el sufrimiento que provoca un desarrollo corporal que no se corresponde con quienes son. Sin identidad reconocida, cualquier herramienta de cuidado se vuelve automáticamente sospechosa.
Cuando el Estado se niega a reconocer la identidad, también se niega a cuidar. Forzar a una persona trans a atravesar una pubertad no deseada no es neutralidad: es una decisión que deja marcas físicas y emocionales. La evidencia médica señala que, bajo evaluación profesional y acompañamiento psicológico, la pausa puberal puede aliviar disforia y dar tiempo para transitar la adolescencia con menos angustia. Aun así, el debate público suele omitir que no intervenir también tiene consecuencias, y que esas consecuencias recaen siempre en las mismas personas.
El caso de Jalisco es paradigmático porque muestra cómo incluso fuerzas políticas que se presentan como aliadas de la diversidad fallan cuando la discusión se vuelve concreta. Guadalajara concentra activismo, academia y experiencia suficiente para sostener políticas públicas basadas en derechos humanos, pero aun así se opta por decisiones que priorizan el cálculo político sobre la vida cotidiana de las infancias trans.
En Sinaloa, la situación no es muy distinta, aunque adopta otras formas. Si bien han habido avances impulsados desde la sociedad civil en materia de derechos de la diversidad sexual y de género, el reconocimiento pleno de la identidad trans y su traducción en políticas públicas efectivas sigue siendo desigual. El acceso a servicios de salud con perspectiva de género, la capacitación del personal médico y el acompañamiento a familias continúan siendo tareas pendientes. Aquí, como en gran parte del país, la identidad existe, pero el Estado llega tarde.
Hablar de bloqueadores hormonales sin hablar de identidad es un error de origen. Lo que realmente se disputa no es un tratamiento médico, sino el derecho de las infancias trans a ser reconocidas como sujetas de derechos, con voz, con nombre y con dignidad. Mientras la identidad siga siendo cuestionada, cualquier forma de cuidado será tratada como una concesión y no como una obligación del Estado.
La pregunta de fondo no es si las infancias trans pueden decidir quiénes son. Esa decisión ya existe en su experiencia cotidiana. La pregunta es si las instituciones están dispuestas a reconocerlo y a construir políticas que acompañen, en lugar de negar. Porque sin identidad no hay acceso a derechos, y sin derechos, hablar de protección es solo una promesa vacía.
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