Por Jonatan Azbat Carrillo
Soy activista y soy periodista. Y hay una escena que se repite con demasiada frecuencia en la vida pública: un servidor público responde con ataque a un señalamiento legítimo y, cuando se le cuestiona la forma, se coloca a sí mismo como víctima.
Ese movimiento no es ingenuo. Es una estrategia.
Porque cuando alguien con un cargo público ataca a una persona activista y después se presenta como violentado, lo que hace no es defenderse: está reconfigurando la relación de poder a su favor. Intenta borrar el hecho fundamental de que no estamos hablando de dos personas en igualdad de condiciones. Una representa al Estado. La otra ejerce un derecho.
El activismo y el periodismo no tienen presupuesto público, ni estructura institucional, ni respaldo jurídico inmediato. Lo único que tienen es la palabra, la observación y la denuncia. Cuando un servidor público utiliza su cargo, su visibilidad y su autoridad simbólica para desacreditar esa voz y luego afirma que está siendo violentado, se produce una inversión peligrosa de los roles.
El poder golpea y luego acusa al golpeado de violencia.
Esta estrategia tiene consecuencias graves. Primero, deslegitima la crítica. No se responde al contenido del señalamiento, se cuestiona la intención de quien lo hace. Segundo, manda un mensaje disciplinador: cualquiera que critique puede ser acusado de violentar. Y tercero, banaliza la violencia política real, esa que sí ha costado vidas, carreras y libertades.
Cuando además se invoca la violencia política de género, el daño es doble. Porque se usa una categoría construida para proteger a mujeres y personas históricamente excluidas del poder como un escudo para evitar la rendición de cuentas. No todo conflicto es violencia. No toda crítica es agresión. Y no toda incomodidad es una violación de derechos.
La violencia política de género existe cuando el ataque se basa en el género como construcción social, en estereotipos, en la vida privada o en la idea de que una persona “no debería” ocupar el espacio público. Pero señalar decisiones, omisiones o discursos desde el interés público no es violencia, es democracia.
Como activista, me preocupa que este uso oportunista del discurso de la violencia termine volviéndose un mecanismo de censura. Como periodista, me alarma que se intente colocar el ejercicio de la crítica al mismo nivel que una agresión. Porque eso inhibe, silencia y genera miedo.
Un servidor público tiene el derecho a responder, sí. Pero también tiene una obligación mayor: hacerlo con responsabilidad, con argumentos y sin usar su posición para intimidar. Cuando ataca y luego se dice víctima, no está defendiendo su dignidad, está ejerciendo poder sin asumirlo.
El Estado no puede ser frágil frente a la palabra ciudadana. No puede ofenderse cuando se le señala. Y no puede apropiarse del lenguaje de las víctimas para blindarse de la crítica.
Porque cuando el poder se coloca como víctima frente al activismo, lo que realmente está haciendo es negar la esencia misma de la función pública: servir, rendir cuentas y aceptar el escrutinio.
Y eso no es violencia política.
Eso es miedo a la crítica.
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