Mayoría calificada concreta la destitución tras intenso debate legislativo
En una sesión marcada por el debate interno y posturas encontradas, el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó la remoción de Silvia Alejandra Pineda Prado como titular de la Unidad Técnica de Evaluación (UTE).
Con 27 votos a favor, 6 en contra y sin abstenciones, el dictamen impulsado por la Comisión de Fiscalización alcanzó la mayoría calificada necesaria, formalizando la salida de la funcionaria en medio de cuestionamientos y tensiones políticas.
“Ineficiencia” y procedimiento legal, las bases del dictamen
El dictamen aprobado establece como causa principal la ineficiencia en el desempeño de sus funciones, contemplada en el reglamento interno del órgano técnico.
Además, se argumentó que el procedimiento cumplió con las garantías legales, incluyendo el derecho de audiencia, por lo que la remoción fue considerada procedente desde el punto de vista jurídico.
No obstante, durante la discusión en el pleno, algunos legisladores advirtieron que el calificativo podría impactar la trayectoria profesional de la funcionaria, sugiriendo que la decisión pudo basarse más en una pérdida de confianza que en una evaluación técnica contundente.
División en el Congreso: cuestionan fondo y forma de la decisión
El debate evidenció diferencias dentro del propio Congreso. Mientras una mayoría respaldó la medida como parte de un proceso de reordenamiento institucional, voces en contra señalaron falta de elementos suficientes para justificar la remoción.
Algunos diputados insistieron en que no se contaba con un análisis completo del caso, mientras que otros defendieron la necesidad de actuar ante lo que consideran fallas estructurales en el funcionamiento del órgano.
Morena reconoce acuerdo previo para desaparecer la UTE
La diputada María Teresa Guerra Ochoa reveló que existe un acuerdo político previo, incluso desde octubre del año pasado, para avanzar hacia la desaparición de la Unidad Técnica de Evaluación.
Explicó que la discusión no era si el órgano debía desaparecer, sino en qué momento hacerlo: si con una titular en funciones o una vez generada la vacante.
Según detalló, optar por la extinción con una titular activa implicaría aplicar disposiciones de manera retroactiva, lo que jurídicamente sería inviable, por lo que se decidió avanzar primero con la remoción.
Señalan duplicidad de funciones y fallas en la normativa
Uno de los principales argumentos para la decisión fue la existencia de duplicidad de funciones entre la UTE, el Órgano Interno de Control y la Auditoría Superior del Estado.
Guerra Ochoa reconoció que incluso la propia normativa del organismo presenta contradicciones que permitían una ampliación de facultades, lo que generó tensiones institucionales.
En ese sentido, afirmó que desde noviembre se le había solicitado a la titular realizar una revisión normativa para corregir estas inconsistencias, sin que se concretaran resultados ni avances en la comunicación con la Comisión de Fiscalización.
Congreso busca adelgazar estructura y reducir burocracia
La legisladora sostuvo que el objetivo de fondo es reducir la burocracia y reorganizar las funciones dentro del Congreso, concentrando responsabilidades en los órganos que realmente deben ejercerlas.
Aseguró que la creación de la UTE respondió a un contexto político específico de confrontación con la Auditoría Superior del Estado, pero que actualmente su existencia resulta cuestionable.
“Vamos hacia la extinción del organismo porque vemos contradicciones y duplicidad de funciones”, sostuvo.
Decisión abre nuevo escenario político y administrativo
La remoción de Silvia Alejandra Pineda Prado no solo representa un cambio administrativo no solo representa un cambio administrativo, sino que abre un nuevo escenario político dentro del Congreso local.
El caso deja al descubierto tensiones internas, diferencias de criterio y un proceso de reconfiguración institucional que podría derivar en reformas legales para redefinir o desaparecer órganos técnicos.
En los próximos meses, el Congreso de Sinaloa deberá definir el futuro de la Unidad Técnica de Evaluación, en medio de un debate que combina argumentos jurídicos, administrativos y políticos.
