Ciudad de México.– Un panel internacional del T-MEC lanzó una acusación sin precedentes: la minera Camino Rojo, en Zacatecas, habría recurrido al crimen organizado para intimidar a trabajadores sindicalizados y debilitar su organización laboral.
La resolución preliminar del Mecanismo de Respuesta Rápida (MRR) concluye que la empresa es “responsable directa de injerencia patronal” en actividades sindicales, tras documentar amenazas de muerte, actos de violencia y presiones sistemáticas contra afiliados a la sección 335 del Sindicato Nacional Minero.
El señalamiento es grave no solo por el fondo, sino por la forma.
De acuerdo con el panel, la compañía contrató a un narcotraficante para irrumpir en asambleas sindicales con hombres armados, intimidar a los trabajadores e imponer un sindicato afín a la empresa, desplazando al gremio encabezado por Napoleón Gómez Urrutia.
Las agresiones no se limitaron al centro de trabajo. También se documentaron amenazas en domicilios particulares, lo que elevó el conflicto laboral a un escenario de riesgo directo para la integridad de los trabajadores.
El caso también salpica a la matriz canadiense.
El panel señala que Orla Mining, propietaria de la mina ubicada en Mazapil, mantuvo silencio frente a las denuncias y no actuó para investigar o frenar las violaciones a la libertad sindical, lo que interpretó como tolerancia a estas prácticas.
Sin embargo, el gobierno mexicano rechazó la resolución.
Las secretarías del Trabajo y de Economía argumentaron que el panel excedió sus facultades al valorar conductas de carácter penal y sostuvieron que no existe evidencia suficiente para vincular directamente a la empresa con los actos de coerción.
El desacuerdo revela una diferencia de fondo: mientras el panel considera que la violencia y la intimidación constituyen una negación de derechos laborales, las autoridades mexicanas plantean un estándar más alto para acreditar esa violación.
Para el sindicato minero, el caso marca un precedente.
Especialistas advierten que esta resolución podría influir en futuros arbitrajes dentro del T-MEC, al reconocer que la violencia —aunque no provenga directamente de la empresa— puede afectar de manera determinante el ejercicio de la libertad sindical.
El proceso aún no concluye.
Las partes deberán acordar un plan de remediación que incluya posibles reinstalaciones, indemnizaciones y garantías para el ejercicio sindical. De no cumplirse, la minera podría enfrentar sanciones comerciales, incluidos aranceles.
Más allá del caso específico, la resolución deja una señal de alerta: los conflictos laborales en México ya no solo se disputan en tribunales o mesas de negociación, sino también bajo la mirada internacional.
