Por Jonatan Azbat Carrillo
Voy a decir algo que incomoda, pero siento que lo tiene que decir. Cuando la protesta deja de ser legítima.
A mí me gusta la protesta. La he defendido, la he vivido y también la he necesitado. Sé que muchas veces es la única forma de exigir lo que las instituciones no dan. Pero también sé que no todo lo que se hace en su nombre es legítimo.
Lo que pasó con la toma de la CEDH en Culiacán no fue solo una manifestación. Fue la paralización de un espacio que, nos guste o no, sirve para que personas denuncien violaciones a sus derechos.
Y lo que vino después fue peor.
Porque una cosa es tomar un edificio y otra muy distinta es empezar a amenazar periodistas por opinar. Eso ya no es protesta. Eso es violencia directa.
El caso de Marcos Vizcarra, subdirector de la Revista Espejo, no es menor. No mintió, no atacó, no desinformó. Hizo su trabajo: cuestionar. Señaló algo evidente, que la toma afectaba a ciudadanos que necesitaban acudir a la CEDH.
Y por eso lo amenazaron.
Así de simple. Así de grave.
Y no es un caso aislado. Hay antecedentes. Denuncias. Periodistas agredidos en coberturas pasadas. Nombres que se repiten. Violencias que no empezaron ayer.
Aquí hay responsables y hay que decirlos.
Ahí está Yesenia Rojo y su grupo. No se puede hablar de defensa de derechos mientras se agrede a quienes informan. No se puede exigir justicia mientras se intenta callar a quien piensa distinto.
Y también hay responsabilidad del otro lado.
El gobierno de Rubén Rocha Moya dejó que esto creciera. Permitió que la toma se extendiera, que no hubiera diálogo, que no existiera una intervención oportuna. Aparecieron cuando ya era un problema público.
Eso no es neutralidad. Es omisión.
Y la omisión también violenta.
Mientras tanto, la institución encabezada por Óscar Loza Ochoa estaba tomada, con personal limitado, con víctimas sin atención directa y con un conflicto, me atrevo a decirlo personal, que ya había rebasado lo institucional.
Y en medio de todo, periodistas haciendo su trabajo.
Este trabajo que en Sinaloa ya implica un riesgo constante. Este que no solo incomoda al poder político o económico, sino ahora también a grupos que se dicen sociales.
Y eso es lo más preocupante.
Porque estamos entrando a un punto donde ya no solo se quiere protestar, sino también controlar la narrativa. Donde si no estás de acuerdo, te conviertes en enemigo. Donde opinar tiene consecuencias.
No, no todo el que protesta tiene razón. No toda causa es incuestionable. Y no todo lo que se hace en nombre del pueblo es justo.
Si tu movimiento no tolera la crítica, no es lucha social. Es imposición.
Si respondes con amenazas, no estás defendiendo derechos. Los estás violando.
Y si el gobierno permite que eso pase sin actuar, entonces también es parte del problema.
Lo digo desde un lugar claro: yo no estoy en contra de la protesta.
Estoy en contra de que se utilice como excusa para violentar.
Porque lo que vimos no fue solo una toma. Fue un mensaje.
Un mensaje claro, directo y peligroso: que hay temas que no se pueden cuestionar, que hay grupos a los que no se les puede incomodar y que opinar puede tener consecuencias.
Y eso debería preocupar más que cualquier toma.
Porque cuando el miedo entra en la conversación, la libertad sale.
Y cuando la prensa es amenazada, no pierde un periodista: pierde la sociedad.
Y no se trata de exagerar, se trata de nombrar lo que está pasando antes de que se normalice.
Hoy fue un periodista.
Mañana puede ser cualquiera que decida hablar, cuestionar o simplemente no quedarse callado.
Si eso se permite, entonces ya no hay protesta que valga la pena, ni causa que pueda llamarse justa.
Porque sin libertad de expresión no hay derechos.
Solo miedo disfrazado de lucha.
Y ese no es el Sinaloa que deberíamos aceptar, ni el que podemos permitir que se imponga. Ni hoy ni mañana ni nunca más, jamás aquí.
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