Por: Sarahí Tirado Osuna
Política cultural, patrimonio y cultura de paz en Sinaloa
Entre 2021 y 2022, un equipo técnico del INAH intervino el conjunto de bienes culturales del templo de Santa María, en Rosario. La madera estaba afectada por insectos, la pintura se desprendía y las piezas amenazaban con venirse abajo. El trabajo las devolvió a un estado estable y detuvo el daño. Pero el resultado más duradero no fue material: la comunidad acompañó el proceso y terminó asumiendo como propia una tarea que parecía reservada a los especialistas.
Algo semejante había ocurrido diez años antes en Matatán, otro poblado del mismo municipio. Allí, la restauración de la Virgen de la Candelaria no la solicitó ninguna autoridad, sino el comité vecinal de la localidad.
Ambos casos plantean una pregunta que Sinaloa haría bien en discutir: ¿qué lugar ocupa la cultura en una estrategia de construcción de paz? El estado atraviesa el episodio de violencia más prolongado de su historia reciente, y fue señalado como la entidad con el mayor deterioro del país durante el último año. En circunstancias así, la política cultural suele pasar a segundo plano, entendida como oferta de actividades. Es una lectura comprensible. También es incompleta.
En 2016 publiqué, en una revista del propio INAH, un estudio sobre los petrograbados de Las Labradas y la comunidad vecina de La Chicayota. La conclusión era sencilla: el patrimonio se conserva donde la gente vive bien, y se pierde donde no. Con los años he visto que eso funciona también al revés. Si el bienestar cuida al patrimonio, trabajar sobre el patrimonio puede generar bienestar.
Conviene verlo en concreto. Restaurar un templo da trabajo a varias personas durante meses y les deja un oficio en las manos: carpintería, albañilería tradicional, reparación de madera antigua, fotografía y documentación. Devuelve al pueblo un lugar de reunión que estaba cerrándose. Y hace que la gente sienta suyo aquello que cuida. En un estado donde tantos jóvenes crecen sin oficio y sin un espacio público seguro, eso no es poca cosa.
Otros países ya lo probaron. Colombia sostiene desde hace décadas sus Escuelas Taller, que hoy llevan el nombre de “Herramientas de Paz”: han enseñado oficios tradicionales a miles de jóvenes mientras recuperaban centros históricos abandonados, y la UNESCO las reconoció por su aporte a la construcción de paz. Medellín llevó sus mejores bibliotecas y centros culturales a las comunas más violentas. Brasil prefirió apoyar con dinero a los grupos culturales que ya existían en cada barrio, en lugar de crear estructuras nuevas.
Llevar esa premisa a la práctica plantea una cuestión de diseño institucional, y conviene abordarla con justicia. Sinaloa lleva medio siglo construyendo institucionalidad cultural: DIFOCUR nació en 1975, en 1992 el Congreso del Estado le otorgó personalidad jurídica y hoy opera como Instituto Sinaloense de Cultura, con compañías artísticas propias, redes culturales municipales y festivales de arraigo genuino. No estamos ante un vacío ni ante un descuido, sino ante una arquitectura institucional diseñada para otra época y para otras urgencias.
La pregunta es si sigue siendo la adecuada para el encargo actual. Hoy la cultura se ejerce desde una secretaría compartida con la educación y se opera a través de un instituto descentralizado. El arreglo bastaba cuando a la cultura se le pedía programar actividades; cuando se le pide contribuir a reconstruir el tejido social, las condiciones cambian.
La diferencia entre un instituto y una secretaría no es de nombre. Una secretaría se sienta en la mesa donde se deciden seguridad, desarrollo social y juventud. Tiene un presupuesto propio, que se puede planear, defender y revisar. Y su programa sobrevive a los cambios de gobierno, porque está escrito en la ley y no depende de qué tanto le interese el tema a cada funcionario. Alrededor de una docena de estados ya dieron ese paso, varios convirtiendo el instituto que ya tenían.
Hay además algo de lo que casi no se habla. Una investigación reciente de El Colegio de Jalisco, con apoyo del INAH, encontró que el presupuesto de noventa museos federales cayó 43.6% entre 2018 y 2021, y que los datos posteriores ya no permiten saber cuánto recibe cada museo. Importa porque lo que no se puede ver, no se puede defender. Cuando falta dinero, lo primero que se recorta no es la exposición que el público mira, sino el cuidado diario de las piezas, el inventario de lo que se tiene y el personal capacitado que lo hace. Un museo puede seguir abierto mientras, puertas adentro, va perdiendo lo que resguarda.
De ahí que convenga discutir dos cosas a la vez. Una secretaría de cultura estatal, que podría formarse a partir de lo que ya existe. Y un programa que trate al arte y al patrimonio como lo que son, obra pública: escuelas-taller donde los jóvenes aprendan trabajando en su propia comunidad, recuperación de la memoria de los barrios, museos con inventarios al día y personal preparado, y apoyos constantes para quienes están creando hoy.
Ninguna de esas acciones requiere presupuesto nuevo para iniciarse: existen ventanillas federales, programas concurrentes, recursos municipales y una iniciativa privada sinaloense que ha respondido cuando se le presenta un proyecto técnicamente sustentado. Lo que sí requiere es voluntad legislativa. Sin una decisión del Congreso del Estado, la política cultural seguirá dependiendo de la sensibilidad de cada administración en turno.
La comunidad de Santa María no necesitó que le explicaran por qué valía la pena conservar su patrimonio. Lo tenía claro desde antes. El desafío para quienes trabajamos en política cultural es construir instituciones que estén a la altura de esa convicción.
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Sarahí Tirado Osuna es Restauradora Perito del INAH, con más de veinte años en conservación de patrimonio, museos y colecciones en México y Latinoamérica. Licenciada en Restauración por la ECRO y maestra en Política y Gobierno por El Colegio de Jalisco. Su trabajo une la conservación técnica con la política cultural y los proyectos comunitarios.
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