Por: Erick Calderón
Hay que reconocer el trabajo de quienes, ante un problema de interés público, deciden organizarse, convocar y proponer. Eso fue precisamente lo que ocurrió el pasado 26 de agosto en Los Mochis, cuando el Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía Los Mochis, convocó a representantes de distintos sectores de la vida cultural, educativa y empresarial para conversar sobre el futuro del Teatro Ingenio, el Museo Trapiche y el Centro de Innovación y Educación, cuya operación se encuentra en incertidumbre después del anuncio de cierre realizado por Impulsora de la Cultura y las Artes IAP.
El ejercicio merece ser reconocido por una razón elemental: permitió que personas vinculadas con la cultura de la región acudieran a plantear propuestas concretas ante representantes del Ayuntamiento de Ahome. Ocho participantes provenientes de distintos ámbitos expusieron sus consideraciones y las regidoras María Esther Robles Soto y Lidia Reyes Ley asumieron el compromiso de hacer llegar esas propuestas al alcalde Antonio Menéndez.
También merece reconocimiento la disposición de quienes participaron. En ocasiones se habla de las comunidades culturales como si su principal función consistiera en solicitar apoyos o cuestionar a las instituciones. El conversatorio mostró algo distinto: existe una comunidad dispuesta a dedicar tiempo, conocimiento y trabajo para discutir el destino de los espacios que forman parte de la vida cultural de la ciudad.
En ese sentido, que una organización como el Seminario de Cultura Mexicana haya tomado la iniciativa es, sin duda, una señal saludable de participación ciudadana. Pero, por otra parte, el encuentro también permite observar una circunstancia que resulta difícil pasar por alto: revela una ausencia institucional que merece ser examinada con seriedad.
Ante un escenario como éste, habría sido razonable esperar, cuando menos, que alguna de las instituciones responsables de la política cultural se tomara la molestia de convocar a la comunidad y abrir una conversación pública. Si el futuro de tres espacios culturales de propiedad municipal, la continuidad de sus actividades y la relación con quienes durante años han trabajado alrededor de ellos no constituyen una razón suficiente para sentarse a dialogar, ¿qué tendría que pasar para que las autoridades culturales de Ahome consideren que vale la pena escuchar a su propia comunidad?
Además, la coyuntura ofrecía la posibilidad de organizar una verdadera serie de encuentros que fueran más allá de una mera reunión protocolaria en la que se podía convocar a artistas, gestores, promotores, académicos, empresarios, instituciones educativas y organizaciones culturales; presentar información sobre el funcionamiento de los recintos; revisar experiencias de otros modelos de administración; conocer las necesidades de las distintas disciplinas; analizar costos, públicos, programación y posibilidades de financiamiento; escuchar propuestas y, a partir de todo ello, construir un diagnóstico que permitiera tomar una decisión responsable. Había, en otras palabras, una oportunidad extraordinaria para hacer política cultural con la comunidad. Bastaba con convocarla.
Pero esa convocatoria simplemente nunca llegó.
Ni el Ayuntamiento, a través de IMAC, asumió la iniciativa, ni el Instituto Sinaloense de Cultura abrió un proceso semejante para incorporar a las comunidades culturales de Ahome a una discusión que también le concierne, tanto por su relación institucional con estos espacios, como por el papel que ha desempeñado durante años en su financiamiento.
La omisión resulta todavía más llamativa porque la situación de IMCA no surgió de manera repentina. La discusión sobre su financiamiento, la continuidad de los recintos y las condiciones de su operación llevaba tiempo desarrollándose públicamente, de modo que existían señales suficientes para que las instituciones culturales anticiparan el escenario y comenzaran a trabajar con los distintos sectores involucrados y comenzar a construir alternativas con la participación de la comunidad. La crisis pudo haber sido, desde mucho antes de llegar a este punto, el motivo para abrir un proceso de diálogo.
No ocurrió.
Las instituciones se limitaron a dar declaraciones, posiciones administrativas y discusiones sobre recursos, mientras la comunidad cultural tuvo que generar por su cuenta el espacio para conversar sobre el futuro de los recintos. Ante esto, resulta inevitable volver a la función elemental de las propias instituciones culturales públicas: ¿acaso no existen para conocer el territorio cultural que administran, mantener contacto con sus comunidades, generar diagnósticos, propiciar encuentros y convertir las necesidades de la sociedad en políticas públicas?
Precisamente por ello, la participación de la sociedad cultural no puede entenderse como un elemento adicional que pudiera incorporarse una vez que las autoridades hubieran tomado una decisión. Forma parte del proceso mismo de discusión y debió acompañarlo desde el momento en que comenzó a cuestionarse la continuidad de IMCA.
De hecho, el propio marco institucional del Instituto Municipal de Arte y Cultura contempla mecanismos de participación social, coordinación con grupos artísticos y asociaciones culturales, así como formas de concertación con instituciones públicas y privadas. Es decir, la participación de la comunidad cultural forma parte del sentido mismo de una institución cultural pública.
Por eso resulta legítimo preguntarse por la ausencia de una convocatoria institucional en este contexto.
Y esto conduce directamente al problema de IMAC.
Por un lado, no resulta difícil encontrar actividades, festivales, talleres y eventos promovidos por la institución. El Ayuntamiento ha difundido programas con una amplia cantidad de actividades durante la actual administración. Pero, por otra parte, cuando se observa el conjunto, resulta difícil identificar qué política cultural está detrás de esa programación. Las actividades aparecen como esfuerzos aislados, sin una dirección reconocible que permita saber qué pretende producir IMAC en la sociedad.
¿Busca formar nuevos públicos? ¿Pretende contribuir a la formación de mejores ciudadanos? ¿Busca profesionalizar a los artistas locales? ¿Quiere fortalecer determinadas expresiones culturales? ¿Aspira a promover valores, desarrollar capacidades intelectuales o consolidar una comunidad artística más sólida? No existe con claridad una respuesta institucional a esas preguntas. Hay actividades, hay discursos y hay una agenda pública, pero resulta difícil encontrar una orientación que les dé sentido como conjunto.
En este contexto, la política cultural de IMAC termina siendo ilegible. Sobre el papel puede hablarse de objetivos, programas y promoción cultural; en la práctica, las actividades parecen responder más a la ocurrencia del momento que a una concepción identificable de lo que la cultura debería producir en Ahome. La ausencia de una política cultural reconocible también explica por qué muchas de esas actividades no parecen guardar una relación sustantiva entre sí: cada una puede funcionar por separado, pero juntas difícilmente permiten reconocer un proyecto cultural municipal.
Una política cultural requiere conocimiento de la comunidad a la que pretende servir. Requiere identificar creadores, colectivos, gestores, espacios independientes, nuevos públicos, disciplinas emergentes y proyectos que están construyendo comunidad al margen de las instituciones. Requiere mecanismos de seguimiento y evaluación. Requiere diálogo frecuente, no únicamente presencia institucional durante las actividades oficiales.
En Los Mochis, por ejemplo, existen expresiones culturales que están construyendo sus propios públicos sin depender de esa estructura. Micrófono Descompuesto, vinculado al artista SAGRAL, es un ejemplo particularmente ilustrativo. En su espacio han coincidido poesía, música, hip-hop, stand up, cuentos y otras expresiones que encuentran ahí una comunidad interesada.
A esto habría que sumar proyectos de mayor alcance como el Festival Machiria, que durante varios años ha conseguido consolidarse como un encuentro relevante para la vida cultural de la ciudad, así como la Feria del Libro de Los Mochis, que constituye otro ejemplo de un proyecto capaz de generar programación, convocar públicos y mantener una relación constante con la comunidad. El fenómeno resulta relevante porque revela una realidad que las instituciones culturales deberían estudiar con mucha mayor atención: en Ahome existen sectores activos de la sociedad produciendo, organizando y consumiendo cultura mediante iniciativas que han conseguido construir sus propios públicos y comunidades, algunos incluso sin relación de ningún tipo con los institutos públicos.
La existencia de estos proyectos obliga a plantear una cuestión de fondo: ¿qué tanto conocen las instituciones culturales la vida cultural que se desarrolla fuera de sus propios programas?
Aquí aparece una comparación incómoda con IMCA.
Sería un error convertir la crisis actual del patronato en una defensa de su trayectoria. IMCA tiene asuntos pendientes que requieren revisión, particularmente en materia de transparencia y del modelo mediante el cual un organismo privado administró durante años infraestructura cultural de enorme importancia para la ciudad. De hecho, la transparencia de los recursos estatales se ha convertido en uno de los principales puntos de la discusión pública.
Sin embargo, también existe una crítica de larga data respecto de la visión cultural que predominó dentro de esos espacios. El patronato ha sido percibido por distintos integrantes de la comunidad como un organismo estrechamente identificado con sectores sociales de alto poder adquisitivo y con una concepción particularmente restringida de las manifestaciones culturales, privilegiando determinadas expresiones en nombre de la supuesta “alta cultura”. Esa percepción merece discutirse con seriedad, especialmente cuando determinados lenguajes artísticos, públicos o creadores pueden sentirse alejados de los espacios institucionales, como efectivamente ha ocurrido, cuando la realidad es que los recintos culturales públicos requieren de una responsabilidad aún mayor. Deben ser espacios suficientemente amplios para albergar la diversidad estética y social de una comunidad. La programación puede contener literatura, teatro, música de concierto y artes visuales, pero también expresiones populares, contemporáneas, experimentales y comunitarias. El criterio de acceso a la cultura pública debería estar determinado por principios de interés cultural y servicio a la sociedad, no de intereses políticos.
No obstante, existe un hecho que resulta difícil ignorar: IMCA logró desarrollar una capacidad de gestión cultural que el actual IMAC no parece igualar.
Durante años consiguió operar una infraestructura compleja, sostener una programación permanente, recibir artistas, organizar exposiciones, presentaciones, espectáculos y actividades educativas y mantener en funcionamiento tres recintos de características muy distintas.
Sin embargo, reconocer esa capacidad no implica aprobar el modelo completo, porque cuando quienes concentran poder económico o político adquieren una influencia decisiva sobre los espacios, recursos y decisiones culturales de una ciudad, existe el riesgo de que la política cultural termine respondiendo a intereses económicos específicos, en lugar de atender a la diversidad de quienes habitan y producen cultura en la sociedad.
Volviendo entonces a IMAC, y teniendo presente este contraste, vale la pena preguntarse: ¿Qué ha construido en materia de política cultural durante los últimos años?
¿Existe un diagnóstico actualizado de las comunidades artísticas de Ahome? ¿Existe una estrategia permanente de acompañamiento a proyectos independientes? ¿Existe una política para identificar nuevos creadores? ¿Existe un mecanismo estable de interlocución con los colectivos culturales? ¿Existe un estudio de públicos que permita saber qué está ocurriendo con las prácticas culturales de la ciudad? ¿Existe una manera de medir cuantitativa y cualitativamente los avances de la implementación de sus programas culturales?
Si no se responden estas preguntas, estamos corriendo el riesgo de que la discusión sobre el futuro del Teatro Ingenio, Trapiche y CIE pueda quedarse en una cuestión administrativa: quién firma, quién opera, cuánto cuesta y de dónde saldrá el presupuesto.
Pero eso sería una discusión insuficiente.
Los inmuebles requieren un modelo de gestión, pero también necesitan una política cultural bien definida.
Y esa política debería comenzar precisamente con aquello que hizo el Seminario de Cultura Mexicana: convocar a quienes conocen el campo, escuchar distintas perspectivas y construir propuestas.
Por eso el conversatorio del Seminario tiene un valor que trasciende la coyuntura inmediata: refleja la conciencia que existe en distintos sectores sobre la importancia y la dimensión del problema.
Ahora corresponde observar qué harán las instituciones.
El Ayuntamiento tendrá que definir qué hará con los inmuebles.
El Gobierno del Estado deberá explicar su posición respecto del financiamiento y de la relación que mantendrá con esos espacios.
IMCA tendrá que transparentar y explicar su gestión.
Y a IMAC le corresponde demostrar lo que hasta ahora no ha podido: que está a la altura y que puede desempeñar el papel que el municipio necesita de una institución cultural pública.
El Seminario de Cultura Mexicana ya dio un paso en esa dirección, por lo tanto, la pregunta más importante después del conversatorio es bastante sencilla:
¿Será capaz el gobierno de continuar el diálogo que la sociedad tuvo que iniciar por su cuenta, o seguirán las instituciones culturales demostrando una preocupante incapacidad para asumir las responsabilidades reales que les corresponden?
