Gobierno y transportistas: la complicidad contra trabajadores y usuarios

Gobierno y transportistas: la complicidad contra trabajadores

Por Emilia Salazar

El Sistema de Transporte Urbano y el Gobierno del Estado, con el gobernador Rubén Rocha Moya, se volvieron cómplices de una de las mayores injusticias para los trabajadores de Sinaloa, trabajadores que ganan el salario mínimo, al aumentar la tarifa de camiones en todo el estado.

Aumentando de $12,50 a 15 pesos, y de $11 a $13 pesos sin aire, los transportistas anunciaron esta nueva tarifa la noche del miércoles 1 de abril, convenientemente, al inicio oficial de las vacaciones de Semana Santa. Así, de esta manera, esta mañana del lunes, ante las quejas que los usuarios tendrían, los transportistas se ampararían con que el nuevo precio entró en vigor días antes. ¿De qué se quejan hasta ahora, no?

Esto ocurre luego de 4 años sin aumento, mientras las unidades de vuelven cada vez más deficientes. La mayoría de los camiones circulan en pésimas condiciones, como si no existiera una Unidad de Vialidad y Tránsito en cada Ayuntamiento Municipal que, supuestamente, regule el buen funcionamiento de las unidades. ¿Otra complicidad de los gobiernos y los transportistas contra los ciudadanos y usuarios?

Con asientos que pretenden tumbarte a la mínima sacudida, debido a la velocidad de la luz en la que manejan los choferes, tratando de que no les “truene” el tiempo y, además, poder conseguir el mayor número de pasajes sobre otras unidades, aunque a cada rato tenga que gritar el chofer “pásenle para atrás, todavía hay espacio” y escuchar las quejas de las personas porque es claro no queda más espacio, y al mismo tiempo, no cualquier unidad te suba porque el chofer simplemente no te quiso subir.

Con ventanas que en ocasiones no cierran, o no abren; con tubos de agarre que parece que es uno el que los estabiliza a ellos en vez de ser al revés; con pollos de juguete comprados en ‘tiendas de conveniencia’ para pedirle al chofer que te baje porque los típicos botones que le avisan no sirven y es esta la creatividad a la que recurren.

Con unidades sin aire, soportando el fuego que arroja el sol sobre el asfalto en una ciudad mal planificada; teniendo que salir de casa con dos horas de anticipación para que, en caso de que una unidad se descomponga y no pase a la hora que debe, puedas llegar justo a tiempo a tu lugar de destino y a la hora que era necesario. Ni hablar cuando, estando arriba de la unidad, escuchas al camionero decir que “ya valió madre”, luego hablar por teléfono y pararse en un lugar donde no es típico hacerlo, anunciar que regresará el dinero y que “el otro camión ya va a pasar”.

En Sinaloa, el estado le falló a los ciudadanos y los usuarios de transporte público. Mientras que los discursos típicos de los representantes de gobierno suelen ser “estamos trabajando para que la Economía vuelva a su nivel óptimo”, este aumento le da duro en el bolsillo a los trabajadores usuarios de este sistema. Alguien que gana el salario mínimo, aunque este haya aumentado recientemente, estará pagando al rededor de 1,440 pesos al mes solo en transporte público (esto asumiendo que los usuarios tomen 4 camiones al día, por 6 días de trabajo, como suele hacerlo alguien que gana el salario mínimo, y siendo demasiado óptimas de que la persona tome puras unidades con aire acondicionado).

Un estado que busca tener una Economía óptima no puede descuidar un sector tan importante como lo es el transporte urbano. Debemos dejar de ser ciudades diseñadas solo para la compra de automóviles y comenzar a desarrollar mejores maneras de movilidad que ayuden en todos los niveles y vuelvan las ciudades más sostenibles.

Sin embargo, este aumento será decisivo. Los transportistas tienen que comenzar a mejorar las unidades, ya sin la excusa de que la tarifa no aumentaba (es importante mencionar que, sea cual sea las condiciones de los camiones, $15 pesos es un precio sumamente alto que no coincide con el discurso de “un gobierno con sentido social”, pues si así fuera, el transporte urbano se hubiera regularizado hace tiempo).

A poco menos de dos años de terminar el gobierno de Rubén Rocha Moya, sigue éste quedando en deuda con Sinaloa, al proteger a unos pocos y no a los sinaloenses que juró y protestó, ante la Ley, servir.

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