Oposición rechaza propuesta de Sheinbaum para revisar candidatos ligados al crimen organizado

PAN, PRI y Movimiento Ciudadano acusan riesgo de uso político rumbo a las elecciones de 2027

Ciudad de México. Legisladores del Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano rechazaron la propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para crear una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas dentro del Instituto Nacional Electoral.

La iniciativa busca permitir el intercambio de información financiera, de inteligencia y procuración de justicia para detectar posibles vínculos entre aspirantes y grupos del crimen organizado antes de las elecciones de 2027.

PAN critica falta de sanciones

El coordinador de los senadores panistas, Ricardo Anaya Cortés, calificó la propuesta como “insuficiente” y acusó a Morena de pretender crear más burocracia sin establecer castigos reales para los partidos que postulen perfiles presuntamente vinculados con el narcotráfico.

El legislador incluso retomó el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y afirmó que exfuncionarios estatales señalados por Estados Unidos ya colaboran con autoridades estadounidenses.

“Quieren crear comisiones para hacer más burocracia sin establecer una sanción severa”, expresó Anaya.

PRI alerta sobre uso político

Por su parte, la senadora priista Carolina Viggiano Austria sostuvo que el nuevo organismo podría convertirse en una herramienta para obstaculizar a los partidos de oposición.

La legisladora advirtió que las investigaciones podrían utilizarse de manera discrecional y sin transparencia suficiente.

“Esta comisión seguramente va a ser para obstaculizar la competencia de los demás partidos”, declaró.

MC exige autonomía y transparencia

Desde Movimiento Ciudadano, el diputado Pablo Vázquez Ahued señaló que cualquier mecanismo de revisión debe garantizar autonomía institucional y transparencia.

Indicó que las dependencias encargadas de investigar posibles vínculos criminales deben operar sin presiones políticas ni control gubernamental.

La discusión sobre la reforma continuará en el Congreso en medio de un clima de polarización política y de crecientes señalamientos sobre presuntas infiltraciones del crimen organizado en gobiernos locales.

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