Sheinbaum firma decreto para garantizar transparencia total en contratos del Gobierno, Pemex y CFE

Claudia Sheinbaum reafirma el rumbo de la 4T

La presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto para reforzar la transparencia en el Gobierno Federal, mediante el cual será obligatoria la publicación mensual de los contratos celebrados por las dependencias federales, así como por Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y sus empresas filiales.

Durante la conferencia matutina, la mandataria explicó que el objetivo es impedir que la difusión de información pública quede a criterio de los funcionarios y garantizar que la ciudadanía tenga acceso permanente a los datos de interés público.

Publicarán contratos, estados financieros y auditorías

El decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación, establece que Pemex y CFE deberán hacer públicos sus estados financieros, informes administrativos, operativos y jurídicos, además de las actas relacionadas con la creación o modificación de sus filiales.

También deberán transparentar contratos nacionales e internacionales, políticas de remuneración, programas de auditoría, informes de fiscalización y otros documentos vinculados con el uso de recursos públicos.

La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, explicó que estas medidas buscan evitar que las empresas filiales operen bajo esquemas de opacidad.

Buscarán incorporar la medida a la ley

Sheinbaum anunció además que enviará una iniciativa al Congreso para incorporar estas obligaciones de manera expresa en la Ley General de Transparencia, con el fin de que no dependan únicamente de un decreto administrativo.

La presidenta señaló que únicamente permanecerá reservada la información relacionada con asuntos de seguridad nacional o procesos judiciales en curso, casos en los que deberán elaborarse versiones públicas.

Por su parte, Buenrostro informó que la Secretaría de Anticorrupción inició una investigación de oficio contra exfuncionarios del desaparecido INAI, por presuntamente haber dejado caducar expedientes relacionados con la protección de datos personales.

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