Ciudad de México. Al menos 500 personas han muerto bajo custodia estatal en cárceles de El Salvador desde que el gobierno de Nayib Bukele impuso el régimen de excepción en marzo de 2022, según datos citados por organizaciones de derechos humanos y retomados recientemente por la prensa internacional. Un reporte de El País señala además que alrededor de 7 mil casos de capturas arbitrarias han sido documentados y que buena parte de los detenidos ni siquiera figuraban previamente como pandilleros en registros policiales.
La cifra de muertes se ha vuelto una de las sombras más pesadas de la estrategia de seguridad de Bukele. Aunque el gobierno salvadoreño presume una reducción drástica de homicidios y mantiene amplio respaldo interno, organismos internacionales y grupos de defensa de derechos humanos advierten que ese resultado se ha construido a costa de detenciones masivas, opacidad, abuso penitenciario y graves violaciones de derechos fundamentales. Reuters reportó este mes que un grupo de juristas internacionales presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un informe en el que sostiene que existen indicios de crímenes de lesa humanidad durante el régimen de excepción.
El régimen de excepción: miles de detenidos, cientos de muertos
Desde marzo de 2022, el régimen de excepción ha permitido al Estado salvadoreño detener a decenas de miles de personas con garantías procesales reducidas. El País reportó que ya suman más de 91 mil detenidos, y que al menos 33 mil no aparecían como pandilleros en los registros policiales antes de ser arrestados, lo que debilita uno de los argumentos centrales del gobierno para justificar la masividad de las capturas.
En paralelo, diversas denuncias describen cárceles con falta de atención médica, hacinamiento, malos tratos, tortura, negligencia y muertes bajo custodia. Reuters informó que, en ese contexto, expertos internacionales consideran que pudo haberse configurado una política sistemática de abusos contra población civil, base del señalamiento de posibles crímenes de lesa humanidad.
Crece la presión internacional
La presión sobre el gobierno de Bukele no sólo viene de informes técnicos. Human Rights Watch advirtió en su informe mundial 2026 que el gobierno salvadoreño ha seguido desmontando contrapesos institucionales y endureciendo la represión contra críticos y defensores de derechos humanos.
Además, Reuters reportó este mes denuncias de desaparición forzada y detención arbitraria de salvadoreños deportados desde Estados Unidos, mientras que otras investigaciones periodísticas y legales han documentado testimonios de tortura, abuso sexual y negación de atención médica en prisiones salvadoreñas.
El modelo Bukele: eficacia penal, costo humanitario
El caso salvadoreño muestra una contradicción que cada vez pesa más: el gobierno presume eficacia contra las pandillas, pero los datos sobre detenciones indiscriminadas y muertes en prisión hacen crecer la sospecha de que el costo humano de ese modelo ha sido deliberadamente invisibilizado.
La discusión ya no es sólo si la estrategia baja homicidios. La discusión es cuántos inocentes, cuántos detenidos sin debido proceso y cuántos muertos bajo custodia está dispuesto a tolerar el Estado en nombre de la seguridad. Y esa es precisamente la pregunta que empieza a perseguir internacionalmente al gobierno de Bukele.
