El 74% de las armas traficadas desde Estados Unidos hacia los cárteles mexicanos provienen de los estados de Texas, Arizona y California, según un informe reciente de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF). Los territorios controlados por los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) concentran el 82% de las armas recuperadas en México.
Este reporte, titulado “Evaluación nacional sobre el comercio y el tráfico de armas de fuego (NFCTA)”, destaca cómo el tráfico de armas alimenta la violencia en México y señala los principales retos para detener esta actividad.
Principales hallazgos del informe
La ATF reporta que Texas lidera como origen del tráfico de armas con el 43% del total, seguido de Arizona con el 22% y California con el 9%. No obstante, se observa un aumento en el número de estados involucrados en esta actividad ilícita.
Entre 2017 y 2023, los esfuerzos conjuntos bajo la Ley de Comunidades Seguras, impulsada durante la administración de Joe Biden, permitieron un incremento del 63% en el rastreo de armas recuperadas en México. Sin embargo, la recuperación total de armas ha sido mínima: apenas 1,082 equipos de un mercado negro que involucra miles de unidades.
El informe también destaca que el 32% de las armas recuperadas o rastreadas provienen de cinco rutas principales:
- Arizona a Sonora
- Texas a Tamaulipas
- Texas a Nuevo León
- Texas a Chihuahua
- Texas a Guanajuato
Perfil de los traficantes
La mayoría de los traficantes identificados son hombres (84%), blancos (53%), ciudadanos estadounidenses (95%) y jóvenes de entre 24 y 34 años (39%). Un dato relevante es que el 72% de las transacciones ilegales de armas contaron con mujeres como intermediarias, aunque los hombres suelen llevar a cabo el tráfico directo.
En cuanto a antecedentes, el 37% de los involucrados no tiene registro previo de actividades criminales, mientras que el 27% cuenta con condenas por delitos graves.
Implicaciones para México
El tráfico de armas desde Estados Unidos es un factor clave en la lucha contra el narcotráfico en México, ya que el 80% del poder armamentista de los cárteles proviene de este país, según datos del Gobierno mexicano.
México ha iniciado una demanda contra fabricantes de armas en Estados Unidos, señalando que su producción y comercialización facilitan indirectamente el tráfico ilegal hacia el sur. En marzo, la Corte Suprema de Estados Unidos escuchará argumentos clave en el caso Smith & Wesson Brands v. Estados Unidos Mexicanos, donde se determinará si las empresas tienen responsabilidad en los daños ocasionados por la violencia en México.
Gobierno de Obrador demandó a fabricantes de armas en Estados Unidos
En un esfuerzo sin precedentes, el Gobierno de México presentó una demanda contra fabricantes de armas estadounidenses como Smith & Wesson, Colt y Glock, alegando que estas compañías facilitan indirectamente el tráfico ilegal al sur de la frontera.
La demanda, actualmente en la Corte Suprema de Estados Unidos, plantea dos preguntas clave:
- ¿Contribuyen las armas fabricadas y comercializadas en Estados Unidos a los daños ocasionados por la violencia en México?
- ¿Es la producción y venta de armas de fuego equivalente a “ayudar e instigar” el tráfico ilegal, dado que las empresas supuestamente conocen el destino final de algunas de sus armas?
México argumenta que el 80% del poder armamentístico (como ahora lo confirma la ATF) de los cárteles tiene origen estadounidense y que las compañías fabricantes ignoran deliberadamente los efectos devastadores de sus productos en el país. El resultado de esta demanda, que se discutirá formalmente en marzo, podría sentar un precedente en la relación entre ambos países respecto al control de armas.
“Rápido y Furioso”: el fallido programa de rastreo de armas del Gobierno de Calderón con EE.UU
El informe de la ATF también revive el debate en torno a “Rápido y Furioso”, un controvertido programa del Gobierno de Felipe Calderón en colaboración con Estados Unidos, cuyo objetivo era rastrear armas ilegales para identificar y desmantelar redes de tráfico.
El programa permitió el ingreso deliberado de más de 2,000 armas a México entre 2006 y 2011, sin embargo, falló en su ejecución, ya que la mayoría de las armas nunca fueron recuperadas y terminaron en manos de cárteles. Estas armas han estado vinculadas a diversos crímenes, incluido el asesinato del agente fronterizo Brian Terry en 2010.
El fiasco de “Rápido y Furioso” generó tensiones diplomáticas y fuertes críticas al Gobierno de Calderón, que fue acusado de negligencia y falta de transparencia. Este programa es un recordatorio de cómo las políticas inadecuadas en ambos países han agravado el problema del tráfico de armas y su impacto en la violencia.
