Por Jonatan Azbat Carrillo
FGR reabre la investigación tras condena internacional y el gobierno promete cumplir las medidas ordenadas
Casi veinte años después de su muerte, el caso de Ernestina Ascencio Rosario, una mujer indígena nahua de 73 años que denunció haber sido agredida sexualmente por militares antes de morir, vuelve a ocupar el centro del debate sobre derechos humanos en México.
La Fiscalía General de la República anunció que atrajo la investigación sobre la violación sexual, tortura y muerte de la mujer ocurrida en 2007 en la Sierra de Zongolica, Veracruz.
La decisión se tomó en cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que declaró responsable al Estado mexicano por graves violaciones a los derechos humanos de la víctima y ordenó reabrir el caso bajo estándares internacionales.
La investigación ahora será realizada por la Fiscalía Especializada de Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, que deberá esclarecer los hechos como actos de tortura sexual y violaciones graves a derechos humanos.
El día que Ernestina Ascencio no regresó a casa
El 25 de febrero de 2007, Ernestina salió a pastorear sus ovejas cerca de su comunidad, Tetlatzinga, en el municipio de Soledad Atzompa, Veracruz.
Horas después, su familia comenzó a buscarla al notar que no regresaba.
Fue su hija quien la encontró gravemente herida a unos 300 metros de un campamento militar recién instalado en la zona.
La mujer presentaba lesiones visibles y apenas podía hablar.
De acuerdo con testimonios familiares, antes de morir habría señalado a sus agresores con una frase que marcó el caso:
“Los soldados se me echaron encima”.
Murió durante la madrugada del 26 de febrero, tras un lapso de casi doce horas que transcurrieron desde que fue encontrada en agonía hasta ser atendida durante siete horas y media en terapia intensiva.
La necropsia apuntó a violación tumultuaria y muerte violenta por hemorragia causada por desgarre interno.
La primera autopsia realizada por médicos de la Procuraduría de Veracruz concluyó que Ernestina presentaba:
- Traumatismo craneoencefálico con fractura y luxación cervical
- Desgarros rectales y vaginales
- Presencia de abundante líquido seminal
- Equimosis en el cuerpo
Estos hallazgos llevaron a que se iniciara una investigación por violación sexual.
Sin embargo, semanas después la investigación cambió de rumbo.
Cuando la versión oficial descartó la agresión del caso de Ernestina Ascencio
Mientras las investigaciones aún estaban en curso y sin tener ningún informe médico o legista, el entonces presidente Felipe Calderón declaró públicamente que Ernestina había muerto por “gastritis crónica”.
Posteriormente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entonces presidida por José Luis Soberanes, respaldó esa hipótesis al descartar la agresión sexual en su recomendación 34/2007.
Con esa conclusión, las investigaciones fueron cerradas.
El caso quedó archivado tanto por autoridades estatales como por la justicia militar.
Para organizaciones de derechos humanos y comunidades indígenas, aquello significó una de las decisiones más polémicas del sistema de justicia mexicano.
El caso llega al sistema interamericano de derechos humanos
Durante años, familiares y organizaciones civiles denunciaron inconsistencias en la investigación original: pérdida de evidencia, contradicciones en peritajes y presiones institucionales.
El caso fue llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que posteriormente lo remitió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El 30 de diciembre de 2025, el tribunal internacional determinó que el Estado mexicano violó múltiples derechos de Ernestina, entre ellos:
- Derecho a la integridad personal
- Derecho a la dignidad
- Derecho a la vida
- Derecho de las mujeres a vivir libres de violencia
- Derecho de acceso a la justicia
La Corte concluyó que la investigación realizada en México no cumplió con estándares internacionales, lo que permitió que el caso permaneciera en la impunidad durante años.
La respuesta del gobierno de Claudia Sheinbaum
Tras la condena internacional, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró en su conferencia matutina de diciembre de 2025 que el Estado mexicano cumplirá con todas las medidas ordenadas por la Corte.
La mandataria afirmó que las acciones ya están siendo revisadas por su gobierno.
“Hay acciones muy específicas que tiene que desarrollar el Estado mexicano y las vamos a cumplir”, declaró.
También informó que instruyó a funcionarios federales para explicar públicamente las medidas que deberán implementarse.
“Vamos a pedirle a Rosa Icela Rodríguez y a Arturo Medina que puedan venir para poder explicar cada una de las acciones que vienen determinadas ahí y que tiene que cumplir el Estado mexicano”.
La presidenta recordó que los hechos ocurrieron durante el sexenio de Felipe Calderón y calificó el caso como una “lamentable situación”.
Asimismo, destacó que entre las recomendaciones se encuentran medidas estructurales para evitar que hechos similares se repitan, como garantizar intérpretes de lenguas indígenas en centros de salud.
La investigación vuelve a abrirse casi dos décadas después
En cumplimiento de la sentencia internacional, la Fiscalía General de la República decidió atraer el caso para continuar con la investigación.
La nueva indagatoria deberá realizarse con perspectiva de género y enfoque interseccional, considerando las condiciones de vulnerabilidad de la víctima: mujer, indígena y adulta mayor.
El objetivo será esclarecer los hechos y determinar responsabilidades por los actos de violencia y la falta de atención médica que derivaron en su muerte.
Un caso que refleja la deuda de justicia para las mujeres
El caso de Ernestina Ascencio Rosario se convirtió en uno de los símbolos más dolorosos de la violencia contra mujeres indígenas en México.
También evidencia las dificultades que enfrentan las víctimas cuando los presuntos responsables pertenecen a instituciones del Estado.
Casi veinte años después, su historia recuerda una realidad persistente: para muchas mujeres en México —especialmente si son pobres, indígenas o viven en zonas rurales— la justicia puede tardar décadas en llegar.
La reapertura del caso abre una nueva oportunidad para esclarecer lo ocurrido.
Pero también deja una pregunta que sigue vigente:
¿Por qué la justicia tuvo que esperar casi veinte años para escuchar a Ernestina Ascencio?
