Documentos revelan que Ejército, Marina y autoridades fueron alertadas sin respuesta efectiva
Ciudad de México.– Las advertencias existieron. Las pruebas también. Pero la respuesta institucional no llegó.
Trabajadores de la mina Camino Rojo, en Zacatecas, denunciaron desde 2024 la presencia del crimen organizado operando en el conflicto laboral, e incluso solicitaron la intervención del Ejército y la Marina para garantizar su seguridad. Las autoridades, sin embargo, no actuaron.
Documentos revelan que el Sindicato Nacional Minero alertó formalmente sobre amenazas, intimidaciones y violencia en el marco del proceso para definir la titularidad del contrato colectivo de trabajo.
Peticiones ignoradas
Durante el procedimiento laboral, el propio Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos solicitó la presencia de fuerzas federales para resguardar el recuento sindical y evitar la intervención de grupos delictivos.
La petición era clara: garantizar una votación sin violencia.
Pero la respuesta fue insuficiente.
A nivel estatal, la autoridad de seguridad respondió que no contaba con personal disponible para brindar protección, mientras que las solicitudes dirigidas a instancias federales no derivaron en acciones visibles.
Un conflicto bajo presión
A pesar de que tribunales federales y el Centro Federal de Conciliación reconocieron la titularidad del contrato colectivo al sindicato encabezado por Napoleón Gómez Urrutia, la empresa canadiense Orla Mining se ha resistido a reconocerlo.
En paralelo, el proceso estuvo marcado por un ambiente de intimidación.
El panel del T-MEC ya había advertido que, aunque el día de la votación se garantizó formalmente el sufragio libre, las amenazas acumuladas durante meses generaron un efecto disuasivo entre los trabajadores.
Es decir, el miedo ya estaba instalado.
Evidencias y omisiones
El sindicato sostiene que presentó pruebas ante la Secretaría del Trabajo, incluyendo videos, testimonios y registros de la presencia de grupos armados vinculados a la empresa.
Sin embargo, la dependencia habría rechazado intervenir bajo el argumento de que se trata de un asunto de carácter penal y no laboral.
El vacío institucional se vuelve evidente: un conflicto laboral atravesado por violencia, pero sin una autoridad que asuma plenamente la responsabilidad.
Un caso que escala
Uno de los episodios más graves fue el intento de agresión contra un dirigente sindical, quien denunció que un hombre armado intentó ingresar a su domicilio.
El caso fue llevado incluso hasta Canadá, sede de la empresa matriz.
Mientras tanto, la propia Orla Mining ha reconocido en sus informes que no cuenta con la capacidad suficiente para enfrentar riesgos asociados al crimen organizado.
