Por Edgar Adair Espinoza Robles
La democracia necesita algo más que resultados rápidos, necesita certeza. Que cada ciudadano pueda votar libremente y que la sociedad tenga cómo comprobar que esa voluntad fue respetada. Es así necesario poner sobre la mesa dos asuntos que en México deben considerarse en futuras reformas electorales como el voto electrónico y el voto desde el extranjero. Si bien no son lo mismo ni presentan idénticos riesgos. Una cosa es utilizar tecnología para recibir y contar sufragios; otra, ejercer un derecho político fuera del territorio nacional. Pero cuando ambas se combinan, las exigencias de autenticidad, secrecía y fiscalización merecen especial atención.
Hay que aclarar que no estoy en contra de la tecnología ni del derecho de nuestros paisanos a votar. Me preocupa que, en nombre de la modernización, terminemos aceptando procedimientos cuya confiabilidad solamente puedan explicar quienes los diseñaron. En democracia, la confianza debe sostenerse en pruebas. México construyó sus controles electorales a partir de una larga historia de desconfianza. Ciudadanos cuentan votos, representantes partidistas vigilan, se levantan actas y se resguardan boletas. Ese sistema puede tener fallas, pero conserva una virtud, ante una controversia, existe evidencia material que puede revisarse. El voto electrónico obliga a trasladar parte de esa vigilancia al funcionamiento del sistema. ¿Quién lo desarrolla? ¿Quién administra la información? ¿Quién audita sus componentes? ¿Qué evidencia permite comprobar que el voto registrado corresponde con la decisión del elector? La rapidez del cómputo no responde ninguna de estas preguntas. Tampoco basta con repetir que una plataforma es segura. Debe demostrarse mediante controles y auditorías independientes. Las garantías dependen de su diseño no podemos tratar igual una urna electrónica con respaldo físico verificable que un mecanismo remoto sin ese respaldo. El debate exige distinguir, no descalificar toda tecnología.
Imaginemos una elección presidencial definida por treinta mil votos, si surge una controversia, ¿qué revisamos y con qué pruebas reconstruimos lo ocurrido? Volver a ejecutar un programa no basta, por sí solo, para demostrar que los sufragios originales fueron auténticos. Necesitamos evidencia que permita detectar errores o alteraciones sin depender exclusivamente del sistema cuestionado. Desde la izquierda hemos exigido elecciones transparentes y autoridades sujetas a vigilancia. Esa exigencia debe mantenerse frente a cualquier innovación porque sería contradictorio cuestionar la manipulación informativa y después aceptar procedimientos opacos solamente porque llevan la etiqueta de modernidad. El voto desde el extranjero plantea, además, una discusión política. Nuestros paisanos forman parte de México. La distancia no borra sus vínculos ni vuelve menos legítima su participación. Defender sus derechos es compatible con examinar cómo se garantiza que cada sufragio sea personal, libre y secreto.
También considero legítimo discutir la relación entre residencia, representación y consecuencias de las decisiones públicas. Quien vive en México enfrenta cotidianamente las políticas de seguridad, salud, servicios e impuestos. Quien reside fuera mantiene otros vínculos y vive bajo instituciones distintas. Esa diferencia merece análisis; no basta, por sí misma, para descalificar su voto. Perú ofrece una referencia reciente en la cerrada elección presidencial de 2026, el respaldo obtenido por Keiko Fujimori entre los votantes del exterior fue decisivo en el resultado. La lección no es sospechar de los emigrantes por sus preferencias, sino prever las controversias que pueden surgir cuando esos sufragios adquieren un peso decisivo. Si una comunidad en el extranjero favorece a la derecha o a la izquierda, corresponde estudiar las razones. Su historia migratoria, sus condiciones de vida y sus fuentes de información pueden ayudar a explicarlo. Una preferencia ideológica distinta no constituye evidencia de manipulación. Colombia también merece atención. Donald Trump respaldó abiertamente a Abelardo de la Espriella y después se atribuyó su triunfo. A ello se sumó una votación ampliamente favorable entre los colombianos en Estados Unidos que, según lo publicado por El País, 179,841 de unos 223 mil votantes apoyaron a De la Espriella. La intervención política de una potencia extranjera y el peso electoral de quienes viven fuera obligan a discutir cómo protegemos la soberanía democrática. De ahí que, la vigilancia debe concentrarse en cuestiones comprobables por ejemplo cómo se identifica al elector, cómo se protege la libertad de su decisión y cómo se conserva la integridad del sufragio durante su recepción, traslado o transmisión y cómputo. Cada modalidad requiere controles adecuados, junto con procedimientos claros para atender impugnaciones.
En nuestro país el voto electrónico no es nuevo. Coahuila lo utilizó desde 2005 en una parte de sus elecciones locales. En 2009, Tuxcueca, Jalisco, recibió mediante urnas electrónicas toda la votación de sus comicios locales; también hubo experiencias en las elecciones extraordinarias de Gómez Farías y San Cristóbal de la Barranca. Fueron votos que contaron para elegir autoridades, no simples simulacros. Los ejercicios continuaron en 2020 se emplearon 94 urnas electrónicas entre Coahuila e Hidalgo; en 2021, otras 100 entre Coahuila y Jalisco, y en 2023 se utilizaron 164 en la elección de gubernatura del Estado de México. Por otra parte, en la elección presidencial de 2024, los mexicanos residentes en el extranjero emitieron 122,497 votos por internet, equivalentes al 66.5 por ciento de los sufragios recibidos desde fuera del país.
Hay, además, una prueba de congruencia a considerar, si una elección cerrada se resolviera mediante votos electrónicos y/o del extranjero a favor del candidato que apoyamos, ¿exigiríamos la misma revisión que si ganara nuestro adversario? Mi respuesta es sí. Las garantías democráticas deben definirse antes de conocer al beneficiario. México puede ampliar la participación y aprovechar la tecnología en el futuro no muy lejano, pero para hacerlo bien necesita controles comprensibles, auditorías independientes y evidencia suficiente para resolver controversias. La innovación debe fortalecer la certeza en las elecciones, y los derechos de nuestros paisanos deben acompañarse de condiciones efectivas para ejercerlos.
Abramos esta discusión ahora, sin prejuicios y sin ingenuidad. La soberanía reside en el pueblo, y corresponde a las instituciones demostrar que sus decisiones fueron respetadas. Por eso digo ¡AGUAS CON EL VOTO ELECTRÓNICO Y EN EL EXTRANJERO!
Nota: Sinaloa tendrá por primera vez voto en el extranjero para la Gubernatura en las elecciones de 2027, será digno de estudio por la circunstancia que vivimos.
Nota 2: La inteligencia artificial agrega otra discusión, pero conviene ponerla en su lugar, si se utiliza en tareas electorales, debemos conocer su función, sus límites y quién responde por sus resultados. Ninguna herramienta merece confianza automática.
