CEDH confirma bloqueo, retira personal y mantiene atención a víctimas por vías alternas
La toma de las instalaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en Culiacán por parte del colectivo Guerreros Azules A.C. escaló a un conflicto institucional luego de que el organismo interpusiera una querella ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y denunciara la falta de diálogo por parte de autoridades estatales.
De acuerdo con el comunicado oficial, el edificio fue ocupado desde la mañana del 23 de marzo, cuando manifestantes bloquearon el acceso e impidieron el ingreso del personal, afectando la operación regular del organismo.
CEDH reconoce protesta, pero advierte afectaciones al funcionamiento
La Comisión reiteró que respeta el derecho a la libre manifestación; sin embargo, señaló que las acciones emprendidas por los inconformes han generado afectaciones directas al funcionamiento institucional.
El organismo detalló que los manifestantes esperaron a que la mayoría del personal concluyera su jornada laboral para posteriormente cerrar el acceso y evitar el ingreso de trabajadores.
Retiran personal por seguridad; tres trabajadores resguardaban instalaciones
Como parte de las medidas adoptadas, la CEDH informó que tres visitadores permanecieron voluntariamente dentro del inmueble para resguardar expedientes, equipo de cómputo y documentación confidencial.
No obstante, ante las condiciones adversas, incluyendo dificultades para su alimentación y bienestar, se determinó su retiro para proteger su integridad física y emocional.
CEDH Sinaloa responde a toma en Culiacán, Óscar Loza denuncia falta de diálogo y omisión de autoridades
En este contexto, el presidente de la CEDH, Óscar Loza Ochoa, acusó la falta de intervención del Gobierno del Estado y la ausencia de canales de diálogo con los manifestantes.
Señaló que, pese a la gravedad del conflicto, no se ha enviado representación oficial de la Secretaría General de Gobierno ni se ha logrado establecer comunicación con el gobernador Rubén Rocha Moya.
“No puede decir la autoridad que no tiene nada que ver en esto. Es un asunto que les corresponde atender”, expresó.
CEDH presenta querella ante la FGE por toma de instalaciones
La Comisión confirmó que interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, luego de que inicialmente se negara la recepción de un oficio donde se advertía sobre posibles daños al patrimonio público.
El documento incluye información sobre el riesgo a mobiliario, sistemas de cómputo y archivos confidenciales que permanecen dentro del inmueble.
Además, Loza recordó que existe una denuncia previa por amenazas en su contra que, aseguró, no ha tenido avances en más de seis meses.
Guerreros Azules mantienen bloqueo indefinido
La toma de la CEDH fue realizada por el colectivo Guerreros Azules, integrado por policías jubilados y viudas, quienes exigen la firma de recomendaciones relacionadas con prestaciones, así como atención a una denuncia contra el titular del organismo.
De acuerdo con la Comisión, los manifestantes han advertido que permanecerán en el lugar por tiempo indefinido, lo que mantiene paralizadas las instalaciones.
Atención a víctimas continúa fuera de oficinas
Pese a la ocupación del edificio, la CEDH aseguró que continuará brindando atención a la ciudadanía mediante mecanismos alternos.
Entre ellos:
- Líneas telefónicas institucionales
- Correo electrónico oficial
- Plataforma digital
- Atención en comunidades y fuera de oficina
El organismo reiteró que su prioridad es garantizar que las víctimas no queden sin atención.
Crisis en la CEDH refleja tensión institucional en Sinaloa
El conflicto por la toma de la CEDH en Culiacán evidencia una creciente tensión entre el derecho a la manifestación, las exigencias sociales y el funcionamiento de las instituciones encargadas de proteger los derechos humanos.
Mientras el organismo denuncia omisión gubernamental y riesgos al patrimonio público, organizaciones civiles han advertido que la paralización de la Comisión podría afectar el acceso a la justicia en un contexto de violencia creciente en Sinaloa.
La situación continúa sin resolverse, en medio de exigencias, señalamientos y presión para que las autoridades intervengan.
