La jubilación de miles de extrabajadores de empresas públicas se encuentra en el centro de una disputa constitucional. Integrantes de la Alianza Nacional de Jubilados exigieron a las y los diputados federales corregir la reforma al Artículo 127 de la Constitución, al considerar que su aplicación afecta derechos adquiridos y puede reducir hasta en 75 por ciento los ingresos de algunas personas retiradas.
Durante una protesta realizada este 23 de julio y en el marco de su Asamblea Nacional, integrantes de la organización, que agrupa a ex trabajadores de instituciones como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex), Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y Nacional Financiera (Nafin), pidieron a legisladores de todos los partidos políticos revisar los efectos de la reforma.
El ingeniero Antonio Vega, vocero de la Alianza Nacional de Jubilados, ha señalado para diversos medios de comunicación que la organización busca que se corrijan las consecuencias de la modificación constitucional y que se respeten plenamente los derechos adquiridos por quienes ya se encontraban jubilados.
Jubilación y pensiones doradas: el argumento que los extrabajadores cuestionan
La reforma al Artículo 127 fue presentada por el gobierno de Claudia Sheinbaum como una medida para poner límite a las llamadas “pensiones doradas”, un concepto utilizado para referirse a jubilaciones consideradas excesivas y financiadas con recursos públicos.
La presidenta ha defendido en distintas ocasiones la necesidad de revisar los casos en los que exfuncionarios o trabajadores de organismos públicos reciben montos muy superiores a los ingresos de la mayoría de la población y, en algunos casos, incluso por encima de la remuneración de la titular del Ejecutivo Federal.
El argumento del gobierno es que no debe haber jubilaciones privilegiadas financiadas con recursos públicos. Sin embargo, la Alianza Nacional de Jubilados sostiene que el problema de la reforma es que sus efectos alcanzan a personas que ya habían concluido su vida laboral y que contaban con condiciones previamente establecidas para recibir sus ingresos.
Eduardo Olivares, vocero de la organización y ex trabajador de la CFE, consideró que la narrativa de las “pensiones doradas” se utilizó para justificar una modificación que terminó afectando a un grupo más amplio de jubilados.
La agrupación busca que la Cámara de Diputados revise particularmente el segundo artículo transitorio de la reforma, pues considera que su aplicación tiene efectos retroactivos y perjudica a personas cuyos derechos ya estaban consolidados.
Jubilados denuncian reducciones de hasta 75 por ciento
El abogado Carlos Aldana señaló que una reforma no debería aplicarse de manera retroactiva cuando sus efectos representan un perjuicio para quienes ya habían adquirido determinados derechos.
Desde su perspectiva, el Artículo 14 constitucional, así como diversos tratados internacionales y convenciones, establecen principios relacionados con la protección de los derechos adquiridos y la prohibición de aplicar disposiciones de manera regresiva.
El litigante también cuestionó que la reforma comenzara a aplicarse sin contar, según señaló, con leyes secundarias o una reglamentación que establezca con claridad la forma en que deben ejecutarse sus disposiciones.
La Alianza Nacional de Jubilados ha sostenido reuniones con integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales. De acuerdo con Aldana, desde esa instancia se ha defendido la legalidad de la reforma y se ha hecho referencia a jurisprudencias que respaldarían su aplicación.
Sin embargo, el abogado aseguró que la organización no ha podido localizar los criterios jurídicos mencionados y mantiene su cuestionamiento sobre la forma en que se están aplicando las nuevas disposiciones.
Uno de los principales reclamos de la agrupación es que algunas personas han visto reducidos sus ingresos entre 20, 30, 40 y más de 50 por ciento. En los casos más extremos, aseguran que la disminución puede alcanzar hasta 75 por ciento.
Para los extrabajadores, el conflicto no se limita a una discusión sobre el monto de una pensión, sino sobre las condiciones bajo las cuales fueron otorgados sus derechos al momento de concluir su vida laboral.
Olivares, quien trabajó durante tres décadas en la CFE, señaló que muchas de las personas afectadas dedicaron buena parte de su vida al servicio público y a sectores estratégicos del país. Por ello, consideran que el gobierno debe respetar los compromisos establecidos cuando se les otorgaron sus jubilaciones.
La Alianza Nacional de Jubilados, con presencia en los 32 estados del país y una representación de más de 90 mil personas, anunció que continuará buscando reuniones con legisladores federales para plantear modificaciones a la reforma y evitar que sus efectos afecten derechos que consideran adquiridos y consumados.
Síguenos en nuestras redes sociales:
https://www.facebook.com/MesaReservadaMX
https://www.instagram.com/mesareservada.mx
