Fiscalía mexicana frena solicitudes de captura por falta de sustento legal
La Fiscalía General de la República (FGR) fijó una postura firme frente a las recientes acusaciones provenientes de Estados Unidos contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, incluido el gobernador Rubén Rocha Moya.
A través de su vocero, Ulises Lara López, la institución dejó en claro que no existen condiciones legales para ejecutar detenciones, debido a la ausencia de pruebas suficientes en la solicitud enviada por autoridades estadounidenses.
El posicionamiento marca un freno inmediato a cualquier acción judicial en territorio mexicano, subrayando que las acusaciones, por sí solas, no constituyen base legal para proceder.
Sin pruebas no hay caso: el argumento central, FGR desarma acusaciones contra funcionarios de Sinaloa
Uno de los puntos más contundentes del pronunciamiento es la falta de evidencia. La Fiscalía precisó que las solicitudes de detención con fines de extradición deben estar acompañadas de datos sólidos que acrediten la posible comisión de delitos.
En este caso, la documentación enviada por Estados Unidos no cumple con ese requisito, lo que imposibilita jurídicamente iniciar procesos penales en México.
La dependencia reiteró que el marco legal mexicano y los tratados internacionales no permiten actuar únicamente con señalamientos o acusaciones sin respaldo probatorio.
Señalan violación a acuerdos internacionales de confidencialidad
La FGR también exhibió inconsistencias en el actuar del gobierno estadounidense, particularmente por la filtración del caso a la opinión pública.
Según lo expuesto, la solicitud original exigía confidencialidad absoluta para no afectar el proceso; sin embargo, fueron las propias autoridades del país vecino quienes hicieron pública la información.
Este hecho, advirtió la Fiscalía, podría constituir una violación a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que obliga a resguardar este tipo de comunicaciones bajo estricta reserva.
Fuero constitucional y límites legales para actuar contra un gobernador
Otro de los puntos clave del posicionamiento es la protección constitucional con la que cuenta el mandatario estatal.
La FGR recordó que, conforme a la ley mexicana, no se puede proceder penalmente contra un gobernador en funciones sin antes llevar a cabo un juicio de procedencia que determine el retiro del fuero.
Ignorar este paso representaría una violación directa al Estado de Derecho y a la soberanía nacional.
FGR abre investigación propia, pero sin ceder a presiones externas
Aunque descartó acciones inmediatas, la Fiscalía informó que iniciará una investigación independiente para recabar información dentro del país.
No obstante, dejó claro que cualquier decisión se tomará con base en pruebas y conforme al marco legal mexicano, sin atender presiones externas.
El mensaje final de la institución fue contundente: el respeto al debido proceso y a los derechos fundamentales será la base de cualquier actuación.
“Al margen de la ley, nada”: la postura oficial
El posicionamiento concluye con una frase que resume la postura del gobierno mexicano ante este caso: actuar con apego absoluto a la legalidad.
Mientras tanto, el caso sigue generando tensión política y mediática, en medio de un escenario donde las acusaciones internacionales chocan con los límites del sistema jurídico mexicano.
