Zacatecas, Zac. Un juez federal ordenó invalidar 44 concesiones mineras en el territorio sagrado de Wirikuta, al conceder un amparo al pueblo Wixárika por la falta de consulta previa antes de otorgarlas.
La resolución fue emitida por el juez Diego Galeana Jiménez dentro del juicio de amparo 819/2011, y deja sin efectos títulos otorgados durante el sexenio de Felipe Calderón.
Violación a derechos indígenas
El fallo establece que las concesiones fueron entregadas sin consultar a las comunidades wixáritari, lo que vulnera derechos reconocidos en el Convenio 169 de la OIT.
A partir de ahora, cualquier nuevo proyecto minero en territorio wixárika deberá cumplir con:
- Consulta previa
- Consentimiento libre e informado
- Procesos culturalmente adecuados
Además, el juez ordenó medidas de reparación integral, incluyendo indemnización y restitución, así como la elaboración de la sentencia en español y wixárika para garantizar su comprensión comunitaria.
Victoria importante… pero insuficiente
Aunque la resolución representa un avance significativo, especialistas advierten que no resuelve el problema de fondo.
La investigadora Iracema Gavilán señaló que, pese a la anulación de estas 44 concesiones, aún existen decenas de permisos vigentes en la región:
- 63 en Catorce
- 16 en Charcas
- 8 en Villa de la Paz
- 2 en Matehuala
Estas concesiones contemplan la explotación de minerales como oro, plata, cobre, zinc, plomo y otros considerados estratégicos para la transición energética.
Intereses mineros siguen presentes
Diversas empresas mantienen presencia en la zona, entre ellas:
- Compañía Minera y Refinadora Mexicana
- Industrial Minera México
- Minera Real de Catorce
- US Antimony
Incluso, el propio Estado mexicano, a través del Servicio Geológico Mexicano, conserva concesiones en territorio wixárika.
Un territorio sagrado en disputa
Wirikuta no es cualquier zona: se trata de un espacio ceremonial clave para el pueblo wixárika, reconocido además como patrimonio cultural por la UNESCO.
La sentencia refuerza un principio central: el desarrollo no puede imponerse sobre los derechos de los pueblos originarios.
Sin embargo, el conflicto sigue abierto, pues el número de concesiones vigentes supera a las canceladas, lo que mantiene la tensión entre intereses extractivos y la defensa del territorio indígena.
