Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó que el SAT imponga multas a contribuyentes que presenten sus declaraciones fuera de tiempo o que no las presenten por medios electrónicos cuando así estén obligados. El criterio quedó fijado al resolver un asunto en el que se cuestionaba si esas sanciones vulneraban derechos fundamentales, y el máximo tribunal concluyó que sí son constitucionales.
La clave del fallo está en que la Corte no avaló sanciones automáticas o arbitrarias. Lo que sostuvo es que el sistema es válido porque la autoridad fiscal debe moverse dentro de rangos mínimos y máximos y valorar elementos concretos como la gravedad del incumplimiento, la reincidencia y la capacidad económica del contribuyente antes de fijar el monto de la multa.
Eso significa que el SAT puede sancionar, pero no a ciegas. La propia interpretación difundida tras la resolución subraya que la autoridad fiscal está obligada a explicar por qué aplica la sanción y fundamentar el monto en cada caso. Si no lo hace correctamente, el contribuyente todavía puede impugnar la multa por falta de motivación o por indebida fundamentación.
Qué cambia para los contribuyentes
El fallo de la Corte cierra la puerta a un argumento que varios contribuyentes buscaban usar: que las multas por presentar tarde la declaración o por no hacerlo por medios electrónicos eran inconstitucionales por sí mismas. A partir de esta resolución, el debate ya no está en la existencia de la multa, sino en cómo la impone el SAT y si la justifica de manera adecuada en cada expediente.
En otras palabras, la Corte fortaleció la mano del SAT, pero también dejó una condición: las sanciones deben individualizarse y no pueden convertirse en castigos mecánicos.
De cuánto pueden ser las multas
Sobre los montos, hay dos referencias que hoy circulan. Diversos reportes retomaron que, en términos generales, las sanciones pueden ir de 10% a 40% de la contribución omitida, dependiendo del caso.
Además, para 2026 existen montos actualizados en el marco fiscal para infracciones relacionadas con la omisión o presentación extemporánea de obligaciones, con cifras que pueden variar según el tipo de incumplimiento, si hubo requerimiento previo y la forma en que se presentó la declaración. Fuentes especializadas citan rangos que van desde miles hasta decenas de miles de pesos, dependiendo de la conducta sancionada.
Lo que deja la resolución
El mensaje de la Corte es doble. Por un lado, respalda la facultad del Estado para castigar incumplimientos fiscales. Por otro, recuerda que incluso en materia tributaria la autoridad no puede desprenderse de la obligación de motivar, fundar e individualizar sus actos. La multa sigue, pero la arbitrariedad no debería pasar.
