Más de 400 evidencias ignoradas obligan a nueva resolución
Culiacán, Sinaloa.– El Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa evidenció fallas de fondo en la actuación del Instituto Electoral local y ordenó reabrir el caso contra la senadora Imelda Castro, luego de detectar que la autoridad administrativa dejó sin analizar una cantidad sustancial de pruebas.
La resolución no es menor: el órgano jurisdiccional determinó que el IEES incumplió con el principio de exhaustividad al omitir el estudio de 444 fotografías, 21 videos y tres transcripciones integradas al expediente.
Con dos votos a favor y uno en contra, los magistrados Aída Inzunza Cázarez y Donato Vega Márquez resolvieron revocar el acuerdo que, en marzo pasado, había exonerado a la legisladora de presuntos actos anticipados de campaña, uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada.
La señal es clara: el problema no fue el sentido del fallo, sino la forma en que se construyó.
Un expediente incompleto
El Tribunal concluyó que la investigación realizada por el IEES fue superficial. No solo dejó fuera un volumen considerable de pruebas, sino que tampoco atendió solicitudes específicas de indagación sobre el posible uso de recursos públicos en los eventos denunciados.
En el caso de Movimiento Ciudadano, incluso se omitió responder a peticiones directas para profundizar en el origen de los recursos utilizados.
Las inspecciones, además, fueron calificadas como insuficientes, al no verificar de manera integral los contenidos digitales presentados.
En términos prácticos, el expediente quedó incompleto.
La disputa de fondo
El fondo del asunto —si hubo o no promoción anticipada— sigue sin resolverse. Lo que el Tribunal deja al descubierto es una debilidad institucional: decisiones que se sostienen sin agotar el análisis de las pruebas.
Mientras el Partido Acción Nacional acusó falta de legalidad, indebida valoración probatoria y hasta fraude a la ley, el TEESIN centró su resolución en un punto clave: la ausencia de un estudio exhaustivo.
Esa omisión, en materia electoral, no es un detalle técnico. Es una falla estructural.
Un voto que marca contraste
El magistrado Alfredo Barraza Santana votó en contra. Su postura refleja otra lectura del caso: sostuvo que las publicaciones de la senadora forman parte de su actividad legislativa y están protegidas por criterios que permiten a los servidores públicos informar sobre su gestión.
Es, en el fondo, la discusión recurrente: ¿informar o posicionarse?
Lo que sigue
El IEES tendrá 10 días hábiles para emitir una nueva resolución, ahora con la obligación de analizar todas las pruebas y responder a los señalamientos omitidos.
Más que un simple trámite, el nuevo fallo pondrá a prueba la capacidad del órgano electoral para sostener sus decisiones bajo escrutinio.
En un contexto político cada vez más polarizado, donde la promoción anticipada se convierte en terreno de disputa, lo ocurrido deja una advertencia: no basta con resolver, hay que justificar.
