UIF obtiene sentencia histórica por más de 578 millones de dólares contra red vinculada a García Luna

El monto recuperado por México en el caso del exsecretario de Seguridad ya supera los 3 mil millones de dólares

Ciudad de México. El gobierno de México obtuvo una nueva victoria judicial en el caso contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, luego de que una corte de Florida dictara una sentencia a favor del Estado mexicano por más de 578 millones de dólares.

La resolución fue anunciada por la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como parte del proceso internacional de recuperación de activos vinculados a presuntos esquemas de corrupción y lavado de dinero.

Tribunal ordena pago millonario

La corte de Miami ordenó el pago de 578.5 millones de dólares por parte de integrantes de la familia Weinberg y empresas relacionadas, como reparación del daño ocasionado al Estado mexicano.

Según las autoridades mexicanas, durante el juicio se acreditó la participación de personas físicas y compañías involucradas en mecanismos para obtener contratos públicos de manera irregular y posteriormente ocultar recursos en distintas jurisdicciones internacionales.

México ya suma más de 3 mil millones recuperados

Esta nueva sentencia se suma a las resoluciones emitidas en 2025 contra García Luna y su esposa, que ya habían superado los 2 mil 448 millones de dólares.

Con ello, el monto total reconocido a favor del Estado mexicano asciende a más de 3 mil 67 millones de dólares, convirtiéndose en uno de los mayores procesos de recuperación patrimonial ligados a casos de corrupción en la historia reciente del país.

Continúa estrategia contra lavado de dinero

La UIF informó que parte de la sentencia contempla la entrega y liquidación de activos localizados en diversos países para avanzar en el pago ordenado por las autoridades judiciales estadounidenses.

El gobierno federal afirmó que estas acciones forman parte de la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para combatir el lavado de dinero, recuperar recursos públicos y fortalecer la cooperación internacional contra redes de corrupción.

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