La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, rechazó públicamente cualquier intervención militar unilateral de Estados Unidos en territorio mexicano, pero al mismo tiempo exigió que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sea entregado a la justicia junto con otros funcionarios presuntamente vinculados con el crimen organizado.
A través de un mensaje difundido en redes sociales, la mandataria panista aseguró que está “totalmente en contra” de cualquier injerencia extranjera en México y afirmó que su compromiso con la soberanía nacional “no admite matices”. Sin embargo, sostuvo que la defensa del país no puede convertirse en pretexto para encubrir a políticos señalados por presuntos nexos con el narcotráfico.
Campos advirtió que México enfrenta una crisis de confianza internacional que pone en riesgo la relación con Estados Unidos y la estabilidad del T-MEC, y responsabilizó de ello al gobierno federal y a Morena. Afirmó que el verdadero peligro para la soberanía no proviene del exterior, sino de la impunidad y de la presunta protección a funcionarios ligados al crimen organizado.
En ese contexto, la gobernadora llamó a la ciudadanía a no caer en lo que calificó como “el juego perverso del falso patriotismo”, y sostuvo que la patria no se defiende con discursos, sino haciendo cumplir la ley y fortaleciendo el Estado de derecho.
La panista fue más allá al demandar que Rubén Rocha Moya sea entregado, junto con quienes consideró sus cómplices, y pidió que se abran investigaciones contra otros funcionarios señalados. Sus declaraciones se producen en medio de una escalada de tensión por los recientes señalamientos y presiones provenientes de Estados Unidos sobre presuntos vínculos entre políticos mexicanos y organizaciones criminales.
No obstante, el posicionamiento de Maru Campos también desató críticas en redes sociales, donde usuarios recordaron la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua sin autorización del gobierno federal, hecho por el que la gobernadora ha sido cuestionada en semanas recientes.
Así, mientras intenta colocarse como defensora de la soberanía nacional, la mandataria chihuahuense enfrenta señalamientos por permitir la intromisión de agencias estadounidenses en su propio estado, lo que para sus críticos vuelve contradictorio su discurso contra la injerencia extranjera.
