Mazatlán, Sinaloa. Integrantes del colectivo ¡Aquí No! y representantes de comunidades indígenas de Ohuira reprocharon a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) la falta de acciones contra la planta de amoniaco que construye la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) en Topolobampo, municipio de Ahome.
Claudia Susana Quinterio, representante indígena de Ohuira, señaló que durante una reunión con la titular de Profepa, Mariana Boy, y autoridades de la dependencia en Sinaloa, les informaron que actualmente existen limitaciones legales para actuar debido a recursos de amparo promovidos por la empresa.
Según los opositores, la construcción del proyecto se realiza en terrenos cuya adquisición continúa siendo cuestionada por comunidades locales, quienes sostienen que hubo irregularidades en la venta de predios de uso común del ejido Rosendo G. Castro.
Los ambientalistas reiteraron además su preocupación por el posible impacto ecológico en el sistema lagunar Topolobampo–Santa María, una zona reconocida internacionalmente como sitio Ramsar por su relevancia para la conservación de aves migratorias, manglares, ecosistemas costeros y actividades pesqueras.
Quinterio afirmó que las mesas de diálogo impulsadas recientemente por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no serán suficientes si no existen acciones concretas para revisar el cumplimiento de las condicionantes ambientales del proyecto.
Ante ello, anunció que continuará el plantón instalado en la zona y que el movimiento será fortalecido con la participación de comunidades indígenas, pescadores, estudiantes universitarios y organizaciones ambientalistas de distintos municipios de Sinaloa.
Los opositores sostienen que su objetivo es proteger la Bahía de Ohuira y los ecosistemas asociados, mientras que las autoridades federales han señalado que mantendrán las mesas técnicas para revisar los estudios ambientales y las observaciones presentadas por las comunidades.
