El Congreso del Estado de Sinaloa aprobó una serie de reformas clave para fortalecer la seguridad pública, enfocadas en dos frentes que han registrado un crecimiento alarmante: los delitos cometidos por la vía digital y el uso de vehículos arrendados para actividades criminales
Las medidas buscan cerrar vacíos legales, modernizar la actuación de la Fiscalía General del Estado (FGE) y dotar a las autoridades de herramientas más eficaces para investigar y sancionar estas conductas.
Sinaloa crea una Unidad de Investigación Cibernética en la Fiscalía
Con una amplia mayoría, diputadas y diputados avalaron reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado que dan paso a la Unidad de Investigación Cibernética, un órgano especializado para prevenir, investigar y perseguir delitos cometidos mediante internet y tecnologías digitales.
Esta unidad atenderá delitos como fraude electrónico, extorsión digital, robo de identidad, acoso en línea, explotación sexual y trata de personas en entornos digitales, considerados hoy uno de los principales retos en materia de seguridad pública.
La reforma establece que la persona titular de la Unidad tendrá nivel de Inspector General de la Policía de Investigación y dependerá directamente de la Comisaría General y de la FGE, con el objetivo de garantizar capacidad operativa, atención especializada a víctimas y coordinación con autoridades estatales, municipales y federales.
Castigan como delito el robo equiparado de vehículos arrendados
En la misma sesión, el Pleno del Congreso aprobó reformas al Código Penal del Estado para tipificar el robo equiparado de vehículos arrendados, una modalidad delictiva utilizada de forma recurrente por la delincuencia organizada y otros grupos criminales.
Con la adición del artículo 207 Bis C, se sancionará con penas de cuatro a ocho años de prisión y multas económicas a quien rente un vehículo y no lo devuelva sin causa justificada y sin autorización del arrendador.
Las penas podrán incrementarse hasta en una mitad más cuando el vehículo sea utilizado para cometer otros delitos, sea desmantelado, vendido de manera fraudulenta o trasladado a otra entidad federativa.
El dictamen reconoce que esta práctica ha generado afectaciones a la seguridad pública, al sector turístico y al patrimonio de las empresas arrendadoras, además de aprovechar vacíos legales que dificultaban la persecución penal.
Refuerzan el marco legal contra nuevas formas de criminalidad
Con estas reformas, el Congreso de Sinaloa apuesta por un marco jurídico más actualizado y eficaz, capaz de responder a la evolución del crimen tanto en el entorno digital como en el ámbito patrimonial.
Las modificaciones buscan reducir la impunidad, fortalecer la investigación del delito y proteger la integridad y el patrimonio de las y los sinaloenses frente a nuevas modalidades delictivas.
