Ciudad de México.— Este viernes vence el plazo fatal para que Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, pague o manifieste formalmente su intención de cubrir una deuda fiscal de 51 mil millones de pesos; de no hacerlo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) podrá iniciar el procedimiento administrativo de ejecución que incluye embargos de bienes, cuentas bancarias y activos empresariales.
El ultimátum llega tras 16 años de litigios y una estrategia jurídica dilatoria mediante la cual las empresas del conglomerado —entre ellas Grupo Elektra y TV Azteca— dejaron de cubrir impuestos desde 2008. En noviembre pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso punto final al conflicto al negar los amparos y dejar firmes los créditos fiscales.
El titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, informó que la notificación de pago fue entregada la semana pasada y que el Código Fiscal de la Federación otorga cinco días hábiles para manifestar la decisión de pagar, plazo que concluye este viernes 23. De acceder al pago, el contribuyente podría obtener un descuento de hasta 39% conforme a la ley.
Mientras corre el reloj, Salinas Pliego ha intensificado su narrativa pública. En redes sociales publicó imágenes y mensajes sin aludir al vencimiento del plazo y reiteró que se considera un “perseguido político”. Días antes, acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar un supuesto acoso del Estado mexicano.
El caso se ha convertido en una de las mayores disputas fiscales en la historia reciente del país. De acuerdo con información oficial, la deuda total acumulada de Grupo Salinas asciende a 74 mil millones de pesos, aunque la SCJN fijó siete créditos fiscales por 51 mil millones, exigibles de inmediato.
Si el empresario no paga ni manifiesta intención de hacerlo, el SAT procederá al embargo. La resolución ocurre en el contexto del nuevo gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha reiterado el compromiso de combatir la evasión fiscal y hacer cumplir la ley sin privilegios.
