Ciudad de México. Tras la polémica generada por la adquisición de camionetas de lujo, las y los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acordaron no utilizar y devolver los vehículos Jeep Cherokee recientemente adquiridos, con un costo de 1.7 millones de pesos cada uno, sin considerar el blindaje, que podría casi duplicar su precio.
La decisión fue dada a conocer este domingo a través de las redes sociales oficiales de la Corte. En el comunicado, se informó además que las ministras y ministros ofrecerán una conferencia de prensa este lunes por la mañana, en la que ampliarán detalles sobre la determinación adoptada.
“Con relación a los vehículos adquiridos, ministras y ministros de esta #SCJN informan su decisión de no utilizarlos; asimismo, solicitarán que se inicie el proceso correspondiente para su devolución o, en su caso, ponerlos a disposición de personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos, siempre con apego a la normatividad aplicable”, señaló el máximo tribunal.
En el mismo mensaje, la Corte reiteró su compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos públicos, así como con el fortalecimiento de una justicia “real y verdadera”.
La polémica surgió luego de que se diera a conocer que los ministros habían estrenado nuevas camionetas como parte de la renovación del parque vehicular de la SCJN. Trascendió que las unidades fueron emplacadas en el estado de Morelos, lo que permitiría evitar el pago de la tenencia anual que se cobra en la Ciudad de México, lo que incrementó las críticas en redes sociales y en la opinión pública.
Un día después de que el tema se volviera tendencia, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) emitió un comunicado en el que justificó la compra al señalar que se priorizó la reducción del gasto público y el uso eficiente de los recursos, argumentando que los vehículos anteriores —modelos 2019 y 2020— presentaban fallas recurrentes y riesgos de seguridad.
De acuerdo con información oficial, entre 2022 y 2025 la SCJN, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el entonces Consejo de la Judicatura Federal operaron bajo un esquema de arrendamiento de 445 vehículos, con un costo estimado de 366.2 millones de pesos anuales.
Ante ello, en el último trimestre de 2025 se aprobó una inversión de 252 millones de pesos para la compra de 571 vehículos, lo que representaría el 68.8% del costo de un solo año de arrendamiento, con un ahorro proyectado de 1,098 millones de pesos entre 2026 y 2028. La renovación contempla además 124 unidades híbridas o eléctricas, con reducciones de hasta 30% en combustible y 70% en mantenimiento.
Pese a estos argumentos, la adquisición de camionetas de alta gama reavivó el debate sobre austeridad, privilegios y congruencia en el Poder Judicial, lo que finalmente llevó a la decisión de los ministros de desistir del uso de dichas unidades.
