Por Jonatan Azbat Carrillo
Mientras las autoridades reportan 43 feminicidios en Sinaloa durante los primeros meses de 2026, colectivas feministas advierten que el número podría ser mayor y cuestionan la respuesta de las instituciones encargadas de prevenir y atender la violencia contra las mujeres.
Durante el pasado fin de semana, integrantes de distintos colectivos intervinieron varios puntos de la ciudad para visibilizar a las víctimas de feminicidio, exigir justicia y señalar la responsabilidad de las autoridades frente a una violencia que, aseguran, continúa creciendo sin que exista una respuesta efectiva por parte del Estado.
El reclamo ocurre después de que el informe de violencia contra las mujeres de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con corte a mayo de 2026, colocara a Sinaloa entre las entidades con mayor incidencia de feminicidios del país. El documento oficial registra los casos a partir de carpetas de investigación iniciadas ante el Ministerio Público y advierte que las cifras pueden modificarse posteriormente debido a reclasificaciones o actualizaciones de las investigaciones.
Feminicidios en Sinaloa: el estado aparece en el primero lugar
De acuerdo con el informe federal, entre enero y mayo de 2026 se contabilizaron 43 víctimas de feminicidio en Sinaloa, una cifra que, de acuerdo con las colectivas, no necesariamente refleja la totalidad de las mujeres asesinadas en el estado.

Las activistas explican que su propio conteo registra más casos, aunque reconocen que no cuentan con la información suficiente para establecer una cifra definitiva y, por ello, prefieren no presentar un número que no puedan corroborar.
“Nosotras estábamos seguras de que son más”, señalaron las colectivas, al explicar que su registro difiere de la estadística oficial, aunque no cuentan con el dato exacto que les permita afirmar cuántos casos adicionales podrían existir.
La diferencia también revela uno de los problemas que acompañan a las estadísticas de violencia feminicida: los registros oficiales pueden cambiar conforme avanzan las investigaciones. El propio informe federal explica que una carpeta puede ser reclasificada y que las cifras pueden modificarse en actualizaciones posteriores.
Pero el dato que coloca a Sinaloa en una situación particularmente grave no es únicamente el número absoluto de víctimas. El informe también incluye a Culiacán entre los municipios del país con mayor concentración de delitos de feminicidio durante el periodo de enero a mayo de 2026. En conjunto, 20 municipios concentraron 36.5 por ciento de los delitos registrados a nivel nacional.

Culiacán, entre los municipios con más feminicidios registrados
La presencia de Culiacán en el listado nacional coloca nuevamente a la capital sinaloense en el centro de la discusión sobre la violencia contra las mujeres.
Para las colectivas feministas, la estadística no puede analizarse como un número aislado. Detrás de cada registro existe una mujer asesinada, una familia que exige justicia y una serie de instituciones que, desde su perspectiva, no han logrado garantizar la seguridad ni la vida de las mujeres.
El informe federal aclara que las cifras de feminicidio se construyen a partir de los presuntos delitos registrados en carpetas de investigación y que el registro estadístico puede cambiar conforme avanzan las indagatorias. También señala que el protocolo de investigación en materia de feminicidio debe aplicarse en las muertes dolosas de mujeres, aunque su uso no obliga a que el registro estadístico inicial sea clasificado automáticamente como feminicidio.
Esta precisión resulta relevante para entender por qué las organizaciones feministas pueden identificar una cifra distinta a la que aparece en las estadísticas oficiales y por qué el número de casos puede cambiar con el paso de los meses.
“Las mujeres siguen siendo asesinadas mientras el gobierno cambia de funcionarios”
Las colectivas también cuestionaron los cambios recientes dentro de las instituciones encargadas de atender la violencia contra las mujeres.
Uno de los señalamientos se dirige a la Secretaría de las Mujeres, donde, aseguran, durante meses insistieron en la falta de resultados y en la ausencia de reuniones con las organizaciones feministas.
“Se estuvo insistiendo bastante a Ana Chiquete acerca de que no está teniendo resultados con las colectivas, que no las está reuniendo”.
Activistas
Sin embargo, mientras las organizaciones denuncian la falta de respuesta institucional, la titular de la dependencia tomó licencia y el espacio fue ocupado por otra persona.
Para las colectivas, este tipo de movimientos reflejan una realidad que consideran preocupante: mientras las funcionarias y funcionarios pueden dejar sus cargos, solicitar licencias o continuar con sus carreras políticas, las mujeres continúan enfrentando una violencia que puede terminar en feminicidio.
“Están buscando y preocupándose más por su carrera política que realmente ejercer un puesto como tal”, cuestionaron.
Colectivas acusan falta de acciones frente a la violencia feminicida
El reclamo no se limita a la Secretaría de las Mujeres. Las activistas también cuestionan la respuesta del gobierno estatal y federal ante el incremento de la violencia contra las mujeres.
Desde su perspectiva, las autoridades no han implementado acciones suficientes para detener una problemática que ya cuenta con señales claras en los registros oficiales.
El propio informe de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana advierte que sus estadísticas tienen como objetivo mostrar la magnitud, tendencia y ubicación geográfica de las conductas violentas contra las mujeres. Además de los feminicidios, el documento incluye información sobre homicidios dolosos, lesiones, violencia familiar, violencia de género, violación y otros delitos.
La dimensión del problema, por tanto, no se reduce a los 43 feminicidios registrados en Sinaloa durante el periodo analizado. Se trata de un fenómeno que ocurre dentro de un contexto más amplio de violencia contra las mujeres.
“No queremos que las estadísticas se conviertan solamente en números”
Para las colectivas feministas, cada actualización estadística representa una oportunidad para exigir respuestas, pero también un recordatorio de que las cifras no pueden convertirse en una forma de normalizar la violencia.
La diferencia entre el conteo oficial y el registro de las organizaciones también refleja la necesidad de fortalecer los mecanismos de seguimiento, clasificación e investigación de las muertes violentas de mujeres.
El informe federal señala que los datos provienen de las fiscalías y procuradurías estatales, a partir de las carpetas de investigación iniciadas, y que pueden presentar cambios posteriores.

Mientras tanto, las colectivas continúan interviniendo el espacio público para recordar a las víctimas y exigir justicia.










La denuncia es clara: en Sinaloa las mujeres siguen siendo asesinadas, Culiacán aparece entre los municipios con mayor incidencia y, frente a este escenario, las organizaciones feministas consideran que las instituciones no están haciendo lo suficiente para garantizar su seguridad y su vida.
La pregunta que permanece, advierten, es cuántas mujeres más tendrán que ser asesinadas antes de que la respuesta de las autoridades deje de ser un cambio de funcionarios y se convierta en una política efectiva para prevenir la violencia feminicida.
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