Una investigación periodística de El Universal revela que el IEES figura entre los organismos electorales estatales que otorgaron contratos a un conglomerado empresarial vinculado con presuntas irregularidades en adquisiciones del INE, encabezado por Guadalupe Taddei.
CDMX, Sinaloa.— Las investigaciones sobre presuntas irregularidades en la contratación de materiales electorales que involucran a empresas relacionadas con el Instituto Nacional Electoral (INE) alcanzan también al Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES), señalado por haber otorgado una adjudicación directa por 27 millones 762 mil 525.50 pesos a un conglomerado empresarial bajo revisión de autoridades federales.
De acuerdo con la información difundida sobre las indagatorias de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el organismo electoral sinaloense forma parte de una lista de instituciones locales que contrataron a empresas vinculadas operativamente con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas.
El grupo empresarial también aparece relacionado con contratos del INE durante la gestión de su consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala.
Aunque la adjudicación del IEES figura entre las operaciones señaladas, la información disponible no establece que el instituto sinaloense haya cometido un delito ni precisa qué irregularidad concreta se habría detectado en ese contrato.
IEES otorgó contrato por adjudicación directa de 27.7 millones de pesos
Entre las operaciones identificadas destaca la adjudicación directa realizada por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa por un monto superior a los 27.7 millones de pesos.
A diferencia de una licitación pública, en la que distintas empresas pueden presentar propuestas, la adjudicación directa permite contratar a un proveedor sin desarrollar ese procedimiento competitivo, siempre que se cumplan los supuestos establecidos en la legislación aplicable.
La contratación del IEES adquiere relevancia porque el grupo empresarial beneficiado aparece en investigaciones más amplias sobre posibles conflictos de intereses, triangulación de recursos y prácticas irregulares en adquisiciones electorales.
Sin embargo, el reporte no identifica el número de contrato, el año de adjudicación, la empresa específica que recibió los recursos ni el objeto preciso de la contratación en Sinaloa.
Estos datos resultan fundamentales para conocer las circunstancias en las que se autorizó el gasto y determinar si se cumplieron los procedimientos legales correspondientes.
Empresas vinculadas al caso acumularon contratos millonarios en 13 estados
Las indagatorias federales describen una red de empresas que obtuvo contratos para la producción y suministro de materiales utilizados en procesos electorales.
Entre las compañías mencionadas se encuentran Cajas Graf, Corporativo Zeg, Formas Finas y Materiales y Seriplast de México, además de otras sociedades relacionadas con el mismo grupo empresarial.
Según los registros citados en la investigación, las empresas acumularon contrataciones por más de mil millones de pesos con organismos públicos locales electorales de al menos 13 entidades.
Los montos reportados incluyen:
| Organismo electoral | Monto del contrato señalado |
|---|---|
| Veracruz | 141.78 millones de pesos |
| Jalisco | 102.16 millones de pesos |
| Hidalgo | 68.98 y 65.98 millones de pesos |
| Oaxaca | 32 y 36.09 millones de pesos |
| Chihuahua | 33.88 millones de pesos |
| Quintana Roo | 29.80 millones de pesos |
| Sinaloa | 27.76 millones de pesos |
| Campeche | 24.18 millones de pesos |
Las operaciones fueron realizadas en distintos años y mediante diferentes procedimientos de contratación.
En conjunto, Cajas Graf registra 22 contratos con 13 institutos electorales estatales por aproximadamente 586.3 millones de pesos, mientras que Formas Finas y Materiales acumula 15 contratos en 11 entidades por 540.1 millones.
Investigaciones apuntan a operaciones desde la etapa de Taddei en Sonora
La información sobre las investigaciones señala que los vínculos comerciales del grupo empresarial con organismos electorales se remontan a 2014, cuando Guadalupe Taddei presidía el instituto electoral de Sonora.
Uno de los contratos mencionados corresponde a 2017, por aproximadamente 46.8 millones de pesos.
Posteriormente, las compañías ampliaron sus operaciones a otros institutos electorales del país.
En marzo de 2024, la ASF identificó presuntas irregularidades relacionadas con una adjudicación directa del INE a Comercializadora JVLY, por 63.2 millones de pesos, destinada a producir y distribuir materiales para simulacros del proceso electoral federal 2023-2024.
De acuerdo con el reporte, el análisis de estas operaciones permitió identificar movimientos de recursos hacia otras empresas, lo que motivó la intervención de la UIF.
Las fiscalizaciones incluyen presuntas irregularidades por 514 millones de pesos relacionadas con cuatro compañías del grupo.
Las autoridades también analizan posibles conflictos de intereses y vínculos entre representantes empresariales y funcionarios que posteriormente ocuparon cargos administrativos dentro del INE.
Estos señalamientos continúan sujetos a investigación y no constituyen, por sí mismos, responsabilidades penales acreditadas contra Guadalupe Taddei ni contra los funcionarios mencionados.
¿Qué debe aclarar el Instituto Electoral de Sinaloa?
La inclusión del IEES en el conjunto de contrataciones señaladas plantea interrogantes sobre el procedimiento mediante el cual se autorizó una adjudicación directa de casi 28 millones de pesos.
Para esclarecer la operación sería necesario conocer qué empresa recibió el contrato, cuándo se firmó, qué materiales o servicios se adquirieron y cuáles fueron los fundamentos legales para evitar una licitación pública.
También resultaría relevante determinar si el contrato fue revisado por los órganos de fiscalización correspondientes y si existen observaciones pendientes de solventar.
Hasta ahora, la información proporcionada no incluye una postura oficial del IEES sobre esta contratación.
La aparición del organismo sinaloense en el caso no demuestra que sus autoridades hayan participado en un esquema fraudulento. No obstante, el monto de la adjudicación y su relación comercial con empresas investigadas hacen pertinente una explicación pública sobre el uso de esos recursos.
