Por: Sarahí Tirado Osuna
¿Qué quiere decir, en la práctica, que una persona en Escuinapa, en Choix o en una colonia de Mazatlán tenga derecho a la cultura? En la respuesta se juega la distancia entre la ley y el territorio.
Lo que dice la ley
El 30 de abril de 2009 se añadió al artículo 4º constitucional el derecho de toda persona a acceder a la cultura, a disfrutar de los bienes y servicios culturales del Estado y a ejercer sus derechos culturales. La ley reglamentaria llegó ocho años después: la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, publicada el 19 de junio de 2017, enumera en su artículo 11 esos derechos, entre ellos conocer el patrimonio material e inmaterial, pertenecer a una o más comunidades culturales, participar activa y creativamente en la cultura y expresarse en la lengua de su elección.
El error de origen
Cuando se discutía la ley, Lucina Jiménez advirtió un problema de fondo: nadie está fuera de la cultura, así que el derecho no consiste en recibirla, sino en participar y crear. No era una idea nueva. La Declaración Universal de Derechos Humanos ya reconocía en 1948 el derecho de toda persona «a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes». Si el derecho se entiende como consumo, basta con abrir un recinto y programar funciones. Si se entiende como participación, el Estado debe crear condiciones para que las comunidades decidan, custodien y produzcan.
Cómo se ejerce
El derecho a la cultura no se ejerce solo en la taquilla de un teatro. Tiene al menos cinco vías:
- Acceso. Una casa de la cultura cerrada o sin programa es una omisión, no una carencia neutra.
- Participación. El gremio que mantiene una fiesta patronal, el grupo de danza de un ejido, la cofradía que cuida un templo: ahí el derecho ya se ejerce. La obligación pública es apoyarlo, no sustituirlo.
- Expresión artística en recintos dignos. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales compromete al Estado a «respetar la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora». Pero crear no basta si no hay dónde mostrar lo creado. Un grupo de teatro que ensaya en una bodega sin ventilación, o una exposición montada sin iluminación ni seguridad para las obras, no ejerce su derecho a medias: se le niega. Un recinto digno es parte del derecho, no un lujo.
- Custodia del patrimonio. Cuando una comunidad pide la restauración de su retablo o denuncia el deterioro de un inmueble histórico, no hace un favor: ejerce su derecho.
- Exigibilidad. Como derecho humano, puede reclamarse ante las comisiones de derechos humanos y, en su caso, por la vía del amparo.
Un problema de arquitectura
La ley es clara en el qué, pero débil en el cómo. Obliga a los tres órdenes de gobierno a respetar, promover, proteger y garantizar los derechos culturales, pero deja a cada entidad la forma de organizarse. Ahí el diseño institucional pesa: un organismo descentralizado ejecuta programas; una secretaría se sienta en la mesa donde se reparte el presupuesto y responde, en ley, por el cumplimiento de un derecho.
Lo que la gente ya sabe
En mi trabajo de campo lo he visto una y otra vez: proyectos de impacto cultural local, regional e incluso internacional se quedan en buenas intenciones. El órgano monumental de la Catedral de Mazatlán es el ejemplo más elocuente. Fabricado en París por la casa de Aristide Cavaillé-Coll y estrenado el 7 de mayo de 1899, dejó de sonar en la década de 1990. En 2015 ya presentaba daños por termitas y se anunció su rescate; el proyecto sigue sin ejecutarse por falta de recursos financieros y de voluntad política.
Mientras tanto, la gente no habla de «derechos culturales»: habla de su catedral, de su santo, de su fiesta, de la casa del abuelo. Y eso es cultura en sentido preciso: la Declaración de México de 1982 la definió como «el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social». El reto del Estado no es llevarles cultura; es dejar de llegar tarde a donde la cultura ya está.
Estado Cultural | Un derecho que se ejerce, no que se recibe
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Sarahí Tirado Osuna es Restauradora Perito del INAH, con más de veinte años en conservación de patrimonio, museos y colecciones en México y Latinoamérica. Licenciada en Restauración por la ECRO y maestra en Política y Gobierno por El Colegio de Jalisco. Su trabajo une la conservación técnica con la política cultural y los proyectos comunitarios.
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