Las fiscalías estatales de México han solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que se mantenga la prisión preventiva oficiosa para delitos graves como secuestro, feminicidio y homicidio. Esta petición fue realizada durante la Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, argumentando que eliminar esta medida pondría en libertad a más de 60 mil personas procesadas por estos delitos, lo que representaría un riesgo para la sociedad y las víctimas.
¿Qué es la prisión preventiva oficiosa?
La prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar que se aplica en ciertos casos para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, proteger a las víctimas o evitar la obstrucción de la justicia. En México, las leyes establecen supuestos específicos en los que se debe aplicar esta medida. Por ejemplo, las leyes generales de salud, secuestro, trata de personas, delitos electorales y desaparición forzada de personas, así como las leyes federales relacionadas con hidrocarburos, armas de fuego y explosivos, y contra la delincuencia organizada, establecen los casos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó ciertos artículos que calificaban como amenazas a la seguridad nacional a delitos como “contrabando” y “defraudación fiscal”, eliminando así la prisión preventiva oficiosa en esos casos.
“Resolver en contra de la Constitución, permitiría que alrededor de 60 mil personas sujetas en todo el país a procesos por delitos de feminicidio, homicidio, secuestro, delincuencia organizada y otros graves, obtengan su libertad procesal lo que implicará que la sociedad quedará expuesta a graves riesgos, principalmente las víctimas, testigos y servidores públicos que intervienen en cada caso, ya que es frecuente que los procesados que quedan en libertad atenten contra quienes los han señalado, se evadan o vuelvan a delinquir de lo cual, se cuenta con un gran número de casos”, se puede leer en un comunicado de la FGR.
Las autoridades argumentan que es necesaria para:
- Prevenir la fuga del acusado.
- Proteger a las víctimas y testigos.
- Garantizar la seguridad pública.
Controversia
- A favor: Se considera esencial para la justicia y seguridad.
- En contra: Criticada por violar el principio de presunción de inocencia y por su uso excesivo, lo que contribuye al hacinamiento en cárceles.
