La Cámara de Diputados aprobó una importante reforma constitucional que garantizará que el salario mínimo en México siempre aumente por encima de la inflación y que establezca un salario profesional para diversos sectores laborales clave. Entre los beneficiados se encuentran maestros de educación básica de tiempo completo, personal de salud, como médicos y enfermeras, así como policías, militares, marinos y miembros de la Guardia Nacional.
Tras un extenso debate de casi siete horas, la modificación al artículo 123 de la Constitución fue avalada por unanimidad, con 478 votos a favor de todas las fuerzas políticas. La reforma, que ahora se enviará al Senado, asegura que estos grupos reciban un salario profesional de 16 mil 777.68 pesos mensuales, cifra que corresponde al salario promedio registrado en 2023, actualizado por la inflación proyectada para 2024.
A pesar de que no hubo oposición a la iniciativa, se presentaron más de 100 reservas durante el debate, en su mayoría para ampliar la participación de los legisladores. Los diputados de Morena, PT y PVEM, así como algunos de la oposición, tomaron la tribuna para reiterar sus posiciones previamente expuestas, prolongando la discusión.
El diputado Pedro Haces, de Morena, presentó la reforma, aunque su discurso generó una reacción en la oposición al atribuir todo el mérito de la iniciativa al presidente Andrés Manuel López Obrador y criticar el sindicalismo de gobiernos anteriores. Esto provocó que Ricardo Monreal, coordinador de Morena, interviniera para suavizar el tono, reconociendo que “la emoción y la nostalgia” pueden influir en el debate.
Durante las intervenciones, todos los oradores manifestaron su apoyo a la reforma, destacando que garantizar un salario mínimo por encima de la inflación es una medida que dignifica a los trabajadores y que busca mejorar las condiciones de los sectores más vulnerables. Reginaldo Sandoval, del PT, subrayó que, gracias al gobierno de López Obrador, el salario mínimo ha aumentado un 110% en términos reales, rompiendo con las políticas neoliberales que, según dijo, frenaron el crecimiento salarial durante décadas.
Sin embargo, la diputada panista Carmen González expresó su preocupación sobre el impacto financiero de la reforma, señalando que podría generar un costo de casi 40 mil millones de pesos, y advirtió que sin un presupuesto adecuado, la medida podría quedarse en una promesa sin ejecución. Graciela Ortiz, del PRI, también llamó la atención sobre la necesidad de controlar el alza de precios para que los aumentos salariales no pierdan valor con el tiempo ni generen cargas fiscales adicionales para los trabajadores.
La reforma ahora pasará al Senado para su análisis y posible aprobación final.
